Con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional presentada contra Edgar Alarcón Tejada, en su condición de ex contralor general de la República.

Entre sus conclusiones señala que se le debe acusar, al actual parlamentario, por antejuicio político por ser presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal.

El acuerdo fue tomado en torno a la denuncia constitucional 371, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. Los alcances de las conclusiones fueron expuestos por la congresista Felicita Tocto, designada como delegada, en la sesión virtual desarrollada este lunes 8.

La parlamentaria se refirió a los cargos respecto al informe realizado. Dijo que, según el resultado de los informes periciales contables financieros, se le imputa un desbalance patrimonial negativo por 201 mil 337,24 soles del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017 cuando ejerció como contralor general de la República.

Agregó que el otro cargo es respecto de diversos ingresos bancarizados por una suma de 275 mil 644,90 soles, cuyos orígenes y depositarios se desconoce. “Ambos cargos son solamente dentro del periodo cuando él ejerció como contralor general de la República”, subrayó la legisladora.

Enseguida, dijo que, respecto de los cargos, cuentan con cuatro informes periciales, uno de ellos, el referido al presunto desbalance por más de 201 mil soles, que fue observado por Alarcón en la sede fiscal, por lo que la fiscalía le respondió y levantó las observaciones mediante un informe.

“El señor debió haber impugnado ese informe, no lo hizo por lo tanto esta consentido”, precisó.
Agregó que el otro informe pericial, donde se determinan los depositarios y orígenes desconocidos por más de 755 mil soles, también fue sujeto a observación por el denunciado.

“Lo que debió haber hecho el señor Alarcón es haber impugnado este informe y tampoco lo hizo, en ese sentido queda convalidado, señor presidente”, subrayó la legisladora.

Al respecto, el congresista Carlos Mesía (FP) dijo que el dinero de origen desconocido es un dinero que esta bancarizado y advirtió que no puede haber origen desconocido, porque los bancos piden DNI al depositante.

“¿Por qué el informe Tocto dice que es de origen desconocido si ha sido bancarizado?, ¿de dónde salió el dinero?, ¿quién depositó el dinero? Eso hay que aclarar para saber si hay desbalance”, dijo el legislador, al tiempo de sentenciar que “a mi me parece que ahí está faltando una prueba capital. ¿Quiénes fueron los que depositaron ese dinero y por qué? El Ministerio Publico debió preguntar quién hizo el depósito», subrayó.

Antes, Mesía Ramírez dijo que al respecto el congresista Alarcón ha sostenido ante la fiscalía y en la comisión que es dinero que prestó a su hijo y a su hermano para que hagan una empresa y es dinero depositado por ellos. “Se dice que se trata de dinero desconocido, porque no se sabe el origen. Entonces, ¿qué dijeron el hermano y el hijo de Alarcón?”, preguntó el legislador a la congresista Tocto.

“A nuestro despacho no se ha acreditado que el depósito sea de sus hijos. Alarcón no nos alcanzó ninguna documentación que señale que quienes depositaron fueron sus hijos”, respondió la congresista delegada de la denuncia 371.

La legisladora Martha Chávez (FP) opinó que “los elementos que ha planteado la Fiscalía no son suficientes”.

Por su lado, el parlamentario Carlos Almerí Veramendi (PP) observó que “acá hay un tema dirigido contra el congresista Alarcón, hay una persecución política desde el conflicto en el caso Chinchero”.

“Quiero descartar tajantemente que yo sea parte de una persecución política. Yo voté por la vacancia del señor Vizcarra, y lo volvería a hacer, porque me parece un hecho justo”, concluyó Tocto.

CASO SALAVERRY

El presidente de la subcomisión dio cuenta respecto de las denuncias acumuladas 284, 344 y 375 presentadas por la Fiscalía de la Nación por presunta colusión agravada y peculado doloso contra el excongresista Daniel Salaverry Villa, y que se ha cumplido con notificar al denunciado en Lima y Trujillo.

Agregó que el 22 de enero se publicó un edicto de notificación en el diario oficial El Peruano, y en el portal institucional.

“Considerando los cargos de notificación, el 29 de enero venció el plazo de cinco (5) días hábiles para que el excongresista pueda presentar sus descargos; no pudo alegar vicio alguno en el acto de notificación”, indicó.

Señaló que, en consecuencia, el congresista José Luis Ancalle ha quedado habilitado para que en el plazo de cinco (5) días hábiles pueda emitir el informe de hechos y de pertinencia de pruebas correspondiente

Enseguida, aclaró que el denunciado en algún momento comunicó a la subcomisión la designación de un abogado defensor; sin embargo, contó que cuando se buscó establecer comunicación con el letrado, este adujo que ya no ocupaba más esa función.

OFICINA DE COMUNICACIONES