La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó hoy, por mayoría, el informe final que concluye acusar al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Velásquez, por presunta infracción constitucional y recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Se trata de la Denuncia Constitucional 290 presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique (RP).

La ponente fue la congresista Martha Moyano Delgado (FP), quien sustentó el citado informe donde se precisa que la recomendación es acusar, vía juicio político, al denunciado, por infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.

Según una de las conclusiones del informe final, se ha determinado “que los actos y expresiones de Aníbal Torres vertidos, fundamentalmente, en los denominados Consejo de Ministros Descentralizados así como en entrevistas en medios de comunicación, constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”.

El documento obtuvo 13 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL 131

En otro momento, la subcomisión aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional nro. 131, seguida contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, que concluye acusarla por la presunta comisión del delito de concusión, en calidad de autora.

Fue aprobado por mayoría: 18 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

La denuncia fue formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, y el delito por la cual se le acusa es contra la administración pública, en su modalidad de concusión, y se encuentra tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

El informe final fue expuesto y sustentado por la congresista ponente Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN). Allí se consigna que a la exlegisladora se le acusa de haber dividido el sueldo de una servidora de su despacho en dos partes, y derivarla a una persona que era ajena al Congreso.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL 323

Asimismo, se aprobó por unanimidad (21 votos) el informe final de la Denuncia Constitucional 323, contra el juez supremo Víctor Castillo León, que propone el archivamiento de la misma.

En dicho documento se precisa que “no existen elementos de juicio suficientes para establecer que el juez supremo Víctor Castillo León (el denunciado), en su condición de presidente de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social, haya infringido el artículo 39, inciso 3, de la CPPP en el extremo del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva”

Al magistrado se le acusó por la demora ilegal en la programación de la vista de calificación del recurso de casación interpuesto por los ciudadanos Javier Tupia Apolinares y Bartolomé Vega Morales, sin respetar el orden de ingreso, y la fecha de presentación de su recurso.

El ponente fue el congresista Diego Bazán Calderón (Avanza País).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL