La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña Peralta (APP), aprobó esta noche por mayoría (9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el informe final de la Denuncia Constitucional 444, que propone autorizar el antejuicio político contra el extitular de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ticona Postigo.

Dicho informe, expuesto y sustentado por el congresista delegado Jorge Coayla Juárez (JP-VP), establece la necesidad de que “el Ministerio Público prosiga con su actuación en el marco de la lucha contra la corrupción, y recomienda remitir el presente informe a la Comisión Permanente para que se proceda como corresponde”.

La denuncia fue interpuesta por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, y se le acusa a Ticona Postigo haber intervenido ante instancias administrativas del Poder Judicial en la contratación, como asesora penal, a la abogada María Falconí Gálvez, sobrina de un conocido del ex juez César Hinostroza Pariachi.

Asimismo, la Subcomisión aprobó por mayoría (13 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el informe final de la Denuncia Constitucional 103 (antes 454), que declara improcedente acusar a la exministra de Economía, María Alva Luperdi, por la presunta infracción al artículo 39 de la Constitución y la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

La sustentación del informe estuvo a cargo de la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros (APP).

A Alva Luperdi se le acusó haber hecho mal uso de su cargo al beneficiar a un consorcio que realizó un contrato con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; en dicho consorcio participaron las empresas Hidroenergía Consultores e Ingeniería SRL, entre cuyos accionistas se encuentran el padre y el hermano de la exministra.

El informe final concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la existencia de los delitos mencionados; y por ello, propuso declarar infundada la denuncia y recomendó su archivamiento.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

Así también, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó cinco informes de calificación que propusieron la improcedencia de igual número de denuncias.

Uno, Denuncia Constitucional 548, interpuesta por la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, contra el exfiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdova, por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. Aprobado por mayoría: 14 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

Dos, Denuncia Constitucional 553, interpuesta por el ciudadano Wilmer López Camacho, contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela y el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción al artículo 159 (numeral 1) de la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

Tres, Denuncia Constitucional 565, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por la posible comisión del delito de aceptación indebida de cargo público. Aprobado por mayoría: 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

Cuatro, Denuncia Constitucional 116 (antes 469), interpuesta por el excongresista Posemoscrowte Chagua Payano, contra los excongresistas Luis Galarreta Velarde, Mario Mantilla Medina, Richard Acuña Núñez y Mauricio Mulder Bedoya, por la presunta infracción al artículo 94 de la Constitución. Aprobado por mayoría: 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

Cinco, Denuncia Constitucional 569, interpuesta por César Hinostroza Pariachi contra los jueces supremos César San Martín Castro, Manuel Luján Túpez, María del Carmen Altabas Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez, por la presunta infracción a los artículos 139 (numerales 5, 6 y 14) y 2 (numerales 1 y 15) de la Constitución y la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Aprobado por mayoría: 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL