La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy el informe final de la denuncia constitucional acumulada que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra Pilar Mazzetti Soler por la comisión del delito de concusión. Este obtuvo 11 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

La denuncia acumulada está integrada por la DC 086 (antes 435), formulada por el excongresista Yvan Quispe Apaza; la D C 195, formulada por Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva, todos, en su entonces condición de congresistas de la República. También la DC 365, formulada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas. Todas por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

El delegado ponente, Jorge Montoya Manrique (RP), afirmó -en su informe final- que se le imputa a Martín Vizcarra haber abusado de su cargo para inducir al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para la entrega de dosis para beneficio de su persona y de su entorno cercano.

Respecto a Mazzetti Soler también se le atribuye haber inducido a otro investigador del mismo equipo la entrega de varias dosis para ella y su entorno.

Por todo ello, se afirma que existen indicios suficientes y razonables para acreditar la comisión del delito de concusión.

De acuerdo con el literal g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión Permanente nombrará una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente en el momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso.

INFORMES DE CALIFICACIÓN
Seguidamente, la Subcomisión aprobó dos informes de calificación. El primer informe corresponde a la Denuncia Constitucional 522, formulada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana en contra de la congresista María Córdova Lobatón (RP), por la posible comisión del delito de peculado doloso por utilización.

Se concluye que la denuncia es improcedente porque no satisface el criterio material de procedencia establecido en el literal c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Obtuvo 14 votos a favor.

El segundo informe corresponde a la Denuncia Constitucional 540, formulada por Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como exfiscal de la Nación, contra la congresista Hilda Portero López (AP), por la posible comisión del delito de concusión; tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

Se le acusa de haber inducido a algunos de sus trabajadores la entrega de dinero para comprar sillas de ruedas para su labor social. El informe concluye que la denuncia es improcedente por no haber satisfecho el criterio establecido en el literal c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Obtuvo 14 votos a favor.

AUDIENCIAS
Como primer punto de Orden del Día, se continuó y finalizó la audiencia de la Denuncia Constitucional 403, formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones, por la presunta la comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

Además del exministro de Defensa Walter Ayala Gonzáles, por la posible comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

A ambos se les atribuye una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú en el año 2022, en el marco de una organización criminal que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo Terrones.

Estuvieron presentes el fiscal adjunto supremo Ronald Flores Yáñez; el abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, Luis Medrano Girón; el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales.

La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), dio por concluida la audiencia y, de acuerdo con el literal d5) del artículo 89 del Congreso, dio el plazo de cinco días hábiles al delegado ponente, Arturo Alegría García (FP), para que presente su informe final.

DELEGACIONES
A discreción de la presidenta de la Subcomisión se eligió a los delegados ponentes de cuatro denuncias constitucionales.

La Denuncia Constitucional 438 en contra del exjuez supremo Ángel Romero Díaz, por el delito de tráfico de influencias agravado. Se delegó al congresista Arturo Alegría García (FP).

Las Denuncias Constitucionales 460, 462, 463 y 587 (acumuladas), contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda, por la presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias, se delegó a la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP).

La Denuncia Constitucional 529, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia Antonio De La Haza Barrantes, Inés Tello De Ñecco, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán, por la presunta comisión del delito abuso de autoridad; se delegó al congresista Pasión Dávila Atanacio (BS).

La Denuncia Constitucional 544, contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia Antonio De La Haza Barrantes, su miembro Inés Tello De Ñecco, y el expresidente de la Junta Nacional de Justicia Aldo Vásquez Ríos, como presuntos autores de la infracción al artículo 139 numeral 3, concordante con el articulo 156 último párrafo de la Constitución; y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, se delegó a la congresista Francis Paredes Castro (PP).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL