|
Por 79 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó en la madrugada de hoy miércoles 15 el informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre el proceso de transferencias de terrenos del hospital Hermilio Valdizán y otros hechos en los que está vinculado el ahora encarcelado Rodolfo Orellana Rengifo.
Previamente fue rechazada una cuestión previa presentada por el congresista Mauricio Mulder Bedoya (CP) para que se incluyese una disposición adicional al texto en el sentido de recomendar al próximo Congreso de la República que investigue hechos vinculados al tema y que no fueron considerados en el informe final. Fue por 47 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.
El pronunciamiento congresal fue corolario de una amplia discusión iniciada en sesión de la semana anterior y que prosiguió en la asamblea efectuada en la noche del martes 14. El informe refiere que la investigación practicada estableció la existencia de una organización criminal que inició sus operaciones ilícitas a partir del año 2002, aproximadamente.
La organización criminal fue liderada y financiada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, quienes coordinaban y disponían que sus demás integrantes realizaran diferentes tareas o funciones relacionadas a la apropiación ilícita, saneamiento irregular de inmuebles, asesoramiento empresarial para defraudar al Estado y a particulares, entre otras actividades.
La organización criminal contaba con el apoyo de sus familiares, un equipo profesional conformado por abogados, árbitros, ingenieros, administradores y contadores y personas que prestaban su consentimiento para figurar como vendedores o compradores de inmuebles.
Se ha establecido, según el informe, que el movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización criminal ascendieron a 490 millones 4978 mil 762.22 soles.
Entre sus recomendaciones el informe alude a requerimientos de investigación penal y plantea remitir todo lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente en cuanto a los distintos casos de presuntos delitos en los que habrían incurrido Orellana y sus cómplices en la denunciada organización criminal.
DEBATE
El debate del informe de la comisión investigadora sobre el proceso de transferencias de terrenos del hospital Hermilio Valdizán y otros hechos en los que está vinculado Rodolfo Orellana Rengifo fue reiniciado en la sesión vespertina del Pleno. En este tema surgió ahora la figura de Gílbert Violeta, propietario de una empresa (ABC Group), de la que se dijo que estuvo ligada a Orellana Rengifo y por ello se generó una amplia discusión sobre si se le incluiría, o no, en el informe final.
Violeta es actualmente miembro del partido político Peruanos por el Kambio, ganador de las recientes elecciones presidenciales, lo cual dio lugar a intervenciones de corte marcadamente políticas entre representantes de diferentes bancadas.
El congresista Mesías Guevara Amasifuén (AP-FA) dijo que haría recomendaciones al presidente de la comisión informante, Vicente Zeballos Salinas (SN). Se refirió a cartas fianzas ilegales y mencionó que había casos de fiscales y jueces supremos que habrían tenido una actitud pasiva ante estos hechos y el informe no menciona nada de esos negativos comportamientos de aquellos magistrados, según recalcó.
Expresó que era necesario atacar a la red de impunidad, porque de lo contrario siempre habrá en el país varios “Orellanas”.
Luz Salgado Rubianes (FP) coincidió con las apreciaciones de Guevara, aunque aclaró que debió haber dicho lo que expresó ante el Pleno cuando recién comenzaban las investigaciones y no a las finales de esas evaluaciones. Hizo notar que las estafas perpetradas por la llamada mafia de Orellana habían perjudicado a varias personas que perdieron totalmente sus propiedades.
El legislador Fredy Otárola Peñaranda (NGP) expresó que había que rescatar el debido proceso y el derecho al honor de las personas. Alertó a no dejarse llevar por una suerte de persecución política en agravio de terceras personas, como dijo que se insinuaba en las intervenciones de algunos de sus colegas parlamentarios.
Yehude Simon Munaro (PP) adelantó que su bancada votaría a favor del informe de la comisión investigadora. Luego formuló una serie de recomendaciones que, según dijo, perfeccionarían el texto del informe presentado. Héctor Becerril Rodríguez (FP) dijo que en ese caso estarían involucradas autoridades judiciales, de la fiscalía, de la policía y hasta congresistas, según afirmó. Añadió que se había evidenciado que este caso tendría conexión con el narcotráfico. También citó el nombre de Gílbert Violeta en este sonado caso.
Víctor García Belaunde (AP-FA) intervino para apoyar el informe de la Comisión Zeballos, la cual demandó más de un año para desarrollar sus trabajos de investigación. Dijo que alcanzaría propuestas de conclusiones al presidente de la comisión investigadora. Posteriormente pidió que el congresista Vicente Zeballos se inhibiese de pronunciarse en este caso ya que ahora es socio político de Gílbert Violeta (en el partido PPK).
El congresista Zeballos Salinas lamentó lo que llamó un “cargamontón” contra el presidente de la Comisión. Recordó que el informe fue presentado en diciembre pasado y no fue incluido en la Agenda del Pleno debido a la recargada labor que se tenía. Indicó que Violeta sí presentó amplia información a la comisión investigadora.
Carlos Bruce Montes de Oca (CP) dijo que era inadmisible y digna de rechazo la actitud de pretender involucrar en el Caso Orellana a Gílbert Violeta, porque él no había sido investigado. Añadió que Violeta no tenía vinculación alguna con Rodolfo Orellana. Finalmente, propuso, como cuestión previa, que el informe fuese devuelto a Comisión porque se advertía aquel hecho indebido y porque algunos de los legisladores firmantes del documento aparecían ahora afirmando cosas distintas a lo que se había suscrito. Finalmente, Bruce retiró esa cuestión privada.
Otros oradores participantes en el debate fueron Daniel Abugattás Majluf (NGP), Lourdes Alcorta Suero (CP), Casio Huaire Chuquichaico (PP), Manuel Merino De Lama (AP-FA), Elías Rodríguez Zavaleta (CP), Jaime Delgado Zegarra (DD), Rosa Mavila León (AP-FA), Agustín Molina Martínez (NGP), Santiago Gastañadui Ramírez (NGP), Omar Chehade Moya (NoA), Mauricio Mulder Bedoya (CP), Jorge Rimarachín Cabrera ((DD).
Asimismo, José León Rivera (PP), Martín Belaunde Moreyra (SN), Josué Gutiérrez Cóndor (NGP), Karina Beteta Rubín (FP), Manuel Dammert Ego Aguirre (AP-FA) y Heriberto Benítez Rivas (NoA).
AUTORIZACIÓN
Antes de suspender la sesión, a las 00:23 horas de hoy, el Pleno autorizó a la Oficialía Mayor a sacar acopias de los informes respecto de los casos de las agendas de la presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia de Humala; y el del tema de las supuestas coimas a funcionarios peruanos, por parte de empresas brasileñas, para lograr preferencia en el otorgamiento de contratos para la ejecución de obras en el país.
Esos temas serían vistos en la sesión de hoy miércoles.
La reunión se reiniciará a partir de las 11:00 horas de hoy miércoles.
Asimismo, el Pleno del Congreso de la República aprobó insistir en un proyecto de ley, que fuera observado anteriormente por el Poder Ejecutivo, por el cual se regula los programas deportivos de alta competencia en las universidades. La insistencia fue aprobada por 77 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones. No requería de segunda votación y ahora será promulgada por el presidente del Congreso.
El Ejecutivo consideró que la norma incurría en gasto público, cosa que le está prohibida a los congresistas, pero ello no fue aceptado por la Representación Nacional, luego de que el dictamen fuera sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Víctor Crisólogo Espejo (PP).
COLEGIO
Otra autógrafa había sido observada por el Poder Ejecutivo. Es la del proyecto que crea el consejo de administración de inmuebles de propiedad de la institución educativa Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, la cual le permitirá recuperar los bienes de esa institución actualmente en manos ajenas.
El organismo lo integrarán representantes de los estamentos del plantel, así como del gobierno regional y del gobierno local. El dictamen correspondía a un proyecto aprobado en el Congreso anterior y, según el presidente de la comisión informante, Víctor Crisólogo, el tema había sido actualizado.
Sin embargo, hubo legisladores como Luz Salgado Rubianes (FP), Mauricio Mulder Bedoya (CP), Fredy Otárola Peñaranda (NGP) y Martha Chávez Cossío (FP), entre otros, quienes observaron una situación irregular porque no se consignaba documentos relativos a la actualización y al dictamen de la comisión actual, como se exige en estos casos.
Inclusive se solicitó que la Oficialía Mayor informase de esa situación, porque, de aprobarse la propuesta de insistencia, se sentaría un mal precedente en el tratamiento de los proyectos de ley.
Finalmente, el tema quedó pendiente para ser visto en próxima sesión, una vez que sea subsanado el caso de la falta de los documentos relativos a la actualización y mediante un nuevo proyecto de ley que alcanzarán los proponentes.
Por 70 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones fue archivado el dictamen propuesto originalmente. (JTR).
PRENSA-CONGRESO
Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales.
http://www.congreso.gob.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/congresoperu
Twitter: https://twitter.com/congresoperu
Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu
Soundcloud: https://soundcloud.com/radiocongreso
La decisión congresal fue por 79 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
Previamente fue rechazada una cuestión previa presentada por el congresista Mauricio Mulder Bedoya (CP) para que se incluyese una disposición adicional al texto en el sentido de recomendar al próximo Congreso de la República que investigue hechos vinculados al tema y que no fueron considerados en el informe final. Fue por 47 votos en contra, ninguno a favor y tres abstenciones.
El pronunciamiento congresal fue corolario de una amplia discusión iniciada en sesión de la semana anterior y que prosiguió en la asamblea efectuada en la noche del martes 14. El informe refiere que la investigación practicada estableció la existencia de una organización criminal que inició sus operaciones ilícitas a partir del año 2002, aproximadamente.
La organización criminal fue liderada y financiada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, quienes coordinaban y disponían que sus demás integrantes realizaran diferentes tareas o funciones relacionadas a la apropiación ilícita, saneamiento irregular de inmuebles, asesoramiento empresarial para defraudar al Estado y a particulares, entre otras actividades.
La organización criminal contaba con el apoyo de sus familiares, un equipo profesional conformado por abogados, árbitros, ingenieros, administradores y contadores y personas que prestaban su consentimiento para figurar como vendedores o compradores de inmuebles.
Se ha establecido, según el informe, que el movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización criminal ascendieron a 490 millones 4978 mil 762.22 soles.
Entre sus recomendaciones el informe alude a requerimientos de investigación penal y plantea remitir todo lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente en cuanto a los distintos casos de presuntos delitos en los que habrían incurrido Orellana y sus cómplices en la denunciada organización criminal.
DEBATE
El debate del informe de la comisión investigadora sobre el proceso de transferencias de terrenos del hospital Hermilio Valdizán y otros hechos en los que está vinculado Rodolfo Orellana Rengifo fue reiniciado en la sesión vespertina del Pleno. En este tema surgió ahora la figura de Gílbert Violeta, propietario de una empresa (ABC Group), de la que se dijo que estuvo ligada a Orellana Rengifo y por ello se generó una amplia discusión sobre si se le incluiría, o no, en el informe final.
Violeta es actualmente miembro del partido político Peruanos por el Kambio, ganador de las recientes elecciones presidenciales, lo cual dio lugar a intervenciones de corte marcadamente políticas entre representantes de diferentes bancadas.
El congresista Mesías Guevara Amasifuén (AP-FA) dijo que haría recomendaciones al presidente de la comisión informante, Vicente Zeballos Salinas (SN). Se refirió a cartas fianzas ilegales y mencionó que había casos de fiscales y jueces supremos que habrían tenido una actitud pasiva ante estos hechos y el informe no menciona nada de esos negativos comportamientos de aquellos magistrados, según recalcó.
Expresó que era necesario atacar a la red de impunidad, porque de lo contrario siempre habrá en el país varios “Orellanas”.
Luz Salgado Rubianes (FP) coincidió con las apreciaciones de Guevara, aunque aclaró que debió haber dicho lo que expresó ante el Pleno cuando recién comenzaban las investigaciones y no a las finales de esas evaluaciones. Hizo notar que las estafas perpetradas por la llamada mafia de Orellana habían perjudicado a varias personas que perdieron totalmente sus propiedades.
El legislador Fredy Otárola Peñaranda (NGP) expresó que había que rescatar el debido proceso y el derecho al honor de las personas. Alertó a no dejarse llevar por una suerte de persecución política en agravio de terceras personas, como dijo que se insinuaba en las intervenciones de algunos de sus colegas parlamentarios.
Yehude Simon Munaro (PP) adelantó que su bancada votaría a favor del informe de la comisión investigadora. Luego formuló una serie de recomendaciones que, según dijo, perfeccionarían el texto del informe presentado.
Héctor Becerril Rodríguez (FP) dijo que en ese caso estarían involucradas autoridades judiciales, de la fiscalía, de la policía y hasta congresistas, según afirmó. Añadió que se había evidenciado que este caso tendría conexión con el narcotráfico. También citó el nombre de Gílbert Violeta en este sonado caso.
Víctor García Belaunde (AP-FA) intervino para apoyar el informe de la Comisión Zeballos, la cual demandó más de un año para desarrollar sus trabajos de investigación. Dijo que alcanzaría propuestas de conclusiones al presidente de la comisión investigadora. Posteriormente pidió que el congresista Vicente Zeballos se inhibiese de pronunciarse en este caso ya que ahora es socio político de Gílbert Violeta (en el partido PPK).
El congresista Zeballos Salinas lamentó lo que llamó un “cargamontón” contra el presidente de la Comisión. Recordó que el informe fue presentado en diciembre pasado y no fue incluido en la Agenda del Pleno debido a la recargada labor que se tenía. Indicó que Violeta sí presentó amplia información a la comisión investigadora.
Carlos Bruce Montes de Oca (CP) dijo que era inadmisible y digna de rechazo la actitud de pretender involucrar en el Caso Orellana a Gílbert Violeta, porque él no había sido investigado. Añadió que Violeta no tenía vinculación alguna con Rodolfo Orellana. Finalmente, propuso, como cuestión previa, que el informe fuese devuelto a Comisión porque se advertía aquel hecho indebido y porque algunos de los legisladores firmantes del documento aparecían ahora afirmando cosas distintas a lo que se había suscrito.
Finalmente, Bruce retiró esa cuestión privada.
Otros oradores participantes en el debate fueron Daniel Abugattás Majluf (NGP), Lourdes Alcorta Suero (CP), Casio Huaire Chuquichaico (PP), Manuel Merino De Lama (AP-FA), Elías Rodríguez Zavaleta (CP), Jaime Delgado Zegarra (DD), Rosa Mavila León (AP-FA), Agustín Molina Martínez (NGP), Santiago Gastañadui Ramírez (NGP), Omar Chehade Moya (NoA), Mauricio Mulder Bedoya (CP), Jorge Rimarachín Cabrera ((DD).
Asimismo, José León Rivera (PP), Martín Belaunde Moreyra (SN), Josué Gutiérrez Cóndor (NGP), Karina Beteta Rubín (FP), Manuel Dammert Ego Aguirre (AP-FA) y Heriberto Benítez Rivas (NoA).
AUTORIZACIÓN
Antes de suspender la sesión, a las 00:23 horas de hoy, el Pleno autorizó a la Oficialía Mayor a sacar acopias de los informes respecto de los casos de las agendas de la presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia de Humala; y el del tema de las supuestas coimas a funcionarios peruanos, por parte de empresas brasileñas, para lograr preferencia en el otorgamiento de contratos para la ejecución de obras en el país.
Esos temas serían vistos en la sesión de hoy miércoles.
La reunión se reiniciará a partir de las 11:00 horas de hoy miércoles.
PROGRAMAS DEPORTIVOS
Asimismo, el Pleno del Congreso de la República aprobó insistir en un proyecto de ley, que fuera observado anteriormente por el Poder Ejecutivo, por el cual se regula los programas deportivos de alta competencia en las universidades.
La insistencia fue aprobada por 77 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones. No requería de segunda votación y ahora será promulgada por el presidente del Congreso.
El Ejecutivo consideró que la norma incurría en gasto público, cosa que le está prohibida a los congresistas, pero ello no fue aceptado por la Representación Nacional, luego de que el dictamen fuera sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Víctor Crisólogo Espejo (PP).
COLEGIO
Otra autógrafa había sido observada por el Poder Ejecutivo. Es la del proyecto que crea el consejo de administración de inmuebles de propiedad de la institución educativa Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, la cual le permitirá recuperar los bienes de esa institución actualmente en manos ajenas.
El organismo lo integrarán representantes de los estamentos del plantel, así como del gobierno regional y del gobierno local. El dictamen correspondía a un proyecto aprobado en el Congreso anterior y, según el presidente de la comisión informante, Víctor Crisólogo, el tema había sido actualizado.
Sin embargo, hubo legisladores como Luz Salgado Rubianes (FP), Mauricio Mulder Bedoya (CP), Fredy Otárola Peñaranda (NGP) y Martha Chávez Cossío (FP), entre otros, quienes observaron una situación irregular porque no se consignaba documentos relativos a la actualización y al dictamen de la comisión actual, como se exige en estos casos.
Inclusive se solicitó que la Oficialía Mayor informase de esa situación, porque, de aprobarse la propuesta de insistencia, se sentaría un mal precedente en el tratamiento de los proyectos de ley.
Finalmente, el tema quedó pendiente para ser visto en próxima sesión, una vez que sea subsanado el caso de la falta de los documentos relativos a la actualización y mediante un nuevo proyecto de ley que alcanzarán los proponentes.
Por 70 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones fue archivado el dictamen propuesto originalmente. (JTR).
PRENSA-CONGRESO
Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales.
http://www.congreso.gob.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/congresoperu
Twitter: https://twitter.com/congresoperu
Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu
Soundcloud: https://soundcloud.com/radiocongreso
|
