Con 83 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones, el Pleno del Congreso, aprobó por mayoría el proyecto de ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción a la inversión privada. La iniciativa legislativa propone modificar el Decreto Legislativo 1251, que modifica el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. 

En su único artículo, la iniciativa legislativa propone la modificación dos artículos 16 párrafo 16.5 y el artículo 22 párrafo 22.3. Respecto al primero, el informe previo de la Contraloría General de la República respecto a la inversión del contrato de asociación pública privada, así como de las modificaciones contractuales que correspondan, únicamente puede referirse a aquellos aspectos que comprometan el crédito y la capacidad financiera del Estado de conformidad con el inciso I) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. Dicho informe previo no es vinculante sin perjuicio de control posterior.

De igual manera, el artículo 22 párrafo 22.3, señala que culminado el proceso de evaluación conjunta el ministerio, gobierno regional o gobierno local evalúa y sustenta las modificaciones contractuales, y solicita la opinión no vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su competencia y tratándose de materias de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, debe requerirse la opinión previa favorable de dicho ministerio. 

Asimismo, los acuerdos que contengan modificaciones al contrato de asociación público privado que no cuenten con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas no surgen efectos y son nulos de pleno derecho. 

El proceso de modificación contractado en el presente artículo requerirá la parcelación de la Contraloría General de la República a través de la emisión de un informe previo en un plazo máximo de 10 días hábiles el cual será solicitado una vez concluya el proceso de evaluación conjunta, dicho informe previo no es vinculante y deberá contener opinión sobre aquellos aspecto que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado de conformidad al inciso I) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica es emitido sin perjuicio del control posterior.

En su sustentación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril Rodríguez (FA) señaló que este proyecto beneficia al Estado porque pretende prevenir que los procesos de la promoción de la inversión privada, así como toda la operación que comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Economía, Percy Alcalá Mateo (FP), indicó que la propuesta fue debatido y aprobado por unanimidad en su grupo de trabajo y, según dijo, que el dictamen permitirá detectar de manera oportuna los posibles riesgo que involucren las operaciones de renegociación y salvaguardar los intereses del Estado.
Marisa Glave Remy (FA), se mostró de acuerdo con el proyecto de ley, pero hizo una observación de no estar de acuerdo que la Contraloría tenga el informe previo en el contrato y adenda sea vinculante.

En tanto, el parlamentario Yonhy Lescano Ancieta (AP), propuso que el proyecto de ley debe modificarse parcialmente en sus dos artículos. Los legisladores Jorge Bravo y Rogelio Tucto de la bancada del Frente Amplio, se mostraron en contra del dictamen.

Cesar Villanueva (APP), estuvo de acuerdo en fortalecer a la Contraloría, pero propuso que no se le debe cargar con tema no vinculantes. El parlamentario Javier Velásquez Quesquén (CPA) aclaró que en ningún artículo del proyecto de la Contraloría no habla de un tema vinculante.

PRENSA-CONGRESO