La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC), aprobó el informe final de la denuncia constitucional N.° 300 que propone acusar ante la Comisión Permanente a cuatro de los seis congresistas denunciados.

El informe fue aprobado por doce  votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones,

Según el texto aprobado, fueron acusados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano, los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza.

Fueron excluidos del proceso los legisladores Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña, porque, según el informe, no se  no se verificó la imputación necesaria y la inexistencia de indicios incriminatorios.

La propuesta de Informe Final concluye también en archivar la denuncia por infracción constitucional para el caso de los seis congresistas.

Asimismo, ante un pedido de la presidenta de la SCAC, Lady Camones Soriano (APP) como integrante del grupo de trabajo, se incluyó, como sugerencia, la suspensión de los acusados mientras demore su proceso penal, pudiéndose reincorporar en el caso sean absueltos.

Antes de la votación, se desarrolló un amplio debate en el que surgió la propuesta de una cuestión previa presentada por la congresista Susel Paredes Piqué (NA) para que retorne el referido informe a la congresista delegada del caso, Norma Yarrow Lumbreras, de Avanza País, a fin de que lo mejore e incorpore a los dos congresistas excluidos.

Con veinte votos en contra, dos abstenciones y uno a favor, fue rechazado el planteamiento.

Durante el debate el congresista José María Balcázar Zelada (PB) cuestionó que el informe no refiere acusaciones concretas y corroboradas, y demandó una ampliación de la investigación, además de dejar la interrogante de porqué fueron excluidos del proceso dos de los seis congresistas.

Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP) cuestionó que el informe esté basado en las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y que se requieren de elementos concretos y objetivos.

El congresista Luis Aragón Carreño (AP) consideró la existencia de contradicciones en la acusación y que la visita a los ministerios, es parte de la función congresal. Junto a su colega de bancada, José Arriola Tueros, planteó que el Ministerio Público sea el encargado de la investigación y el Poder Judicial, de sancionar en caso encontrar responsabilidades.

Por su lado, Yarrow Lumbreras, refirió que el laborioso trabajo realizado en un caso considerado complejo, es parte de un esfuerzo por la buena imagen del Congreso.

En lo que concierne a los dos congresistas excluidos del proceso, dijo que ellos no fueron referidos por los aspirantes a colaboradores eficaces.

LA DENUNCIA

El documento que contiene la denuncia investigada por la congresista Yarrow Lumbreras, de 189 páginas,  presentado por su colega de bancada Patricia Chirinos Venegas, acusaba inicialmente por la presunta Infracción de la Constitución; y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

Asimismo, que los congresistas implicados se reunieron, indistintamente, con el expresidente Pedro Castillo y los titulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.

El objetivo de esas reuniones serían favores de puestos de trabajo en el Ministerio de la Producción,  a cambio de apoyo con sus votos en el Congreso y evitar la vacancia y la censura, constituyendo un “brazo congresal” a través de congresistas coordinadores y operadores.

En el Informe Final se detallan informes especiales de las diligencias del Ministerio Público y equipos especiales con las declaraciones de aspirantes de colaboradores eficaces que testifican los hechos.

OFICINA DE COMUNICACIONES