La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside el legislador Roberto Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), aprobó por unanimidad el predictamen recaído en los proyectos de ley 3731/2022-CR y 4041/2022-CR, Ley para contribuir a mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de las OREDIS y OMAPED.

De la autoría de  Kamiche Morante y Patricia Chirinos, respectivamente, la propuesta tiene como finalidad establecer como obligatoria la responsabilidad de los Gobiernos Regionales y Locales (Municipalidades provinciales y Distritales) para programar en sus Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) y en sus Presupuestos Institucionales Modificados (PIM), el 1% de su presupuesto anual, en obras destinadas a mejorar la accesibilidad de la infraestructura urbana en su jurisdicción.

Del mismo modo,  financiar planes, programas y servicios de las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

De esa manera asegurar que el porcentaje del 1% de presupuesto previamente asignado a los gobiernos regionales y municipales, sea efectivamente usado a favor de las personas con discapacidad.

INFORME DE CONADIS

Sandra Pilar Piro Marcos,   presidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) informó respecto al cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad en las instituciones públicas.

El CONADIS ha realizado 800 acciones fiscalizadoras y ha proyectado sanciones para las instituciones que no cumplieron. Ha realizado 4 mega inspecciones como parte  de su plan de fiscalización del 2023, para verificar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad.

Solo se ha fiscalizado al 5% de las instituciones gubernamentales en  los tres niveles de gobierno. Son 118 instituciones públicas entre gobiernos regionales, municipalidades distritales. De estas sólo 7 entidades cumplen con la cuota de empleo laboral del 5% para personas con discapacidad.

Respecto a la certificación de personas con discapacidad en el país, Piro Marcos sostuvo que la obligación de realizar esta certificación recae en el Ministerio de Salud. A la fecha existen 408 mil personas discapacitadas certificadas en el país. Contrastando las cifras de INEI, solo se tendría certificada al 18% del universo de personas que presentan discapacidad.

Roberto Kamiche Morante, recordó que los gobiernos regionales están obligados, por ley, a destinar de manera obligatoria por lo menos el 1% de su presupuesto, para implementar obras a favor de facilitar mejores condiciones de vida, para la población que sufre de una discapacidad.

CASO DE NINO PARIONA PASTRANA.

La Comisión de Inclusión Social también recibió a los miembros directivos de la Escuela Nacional del Folklore “José María Arguedas”, que fueron convocados para que expliquen el caso de Nino Pariona Pastrana.

El padre del  joven postulante a la escuela de Folklore denunció irregularidades y discriminación durante  la  evaluación que le hicieran a su hijo,  que le impidió completar las tres fases del examen y posteriormente dejarlo fuera de dicho proceso.

El padre de familia sostuvo que luego de la publicación del  primer examen de conocimientos, donde su hijo aparece como aprobado, al día siguiente la información fue contraria y se le impidió continuar con el proceso de admisión.

Los funcionarios de la Escuela de Folklor, aclararon que fue un error de digitación lamentable, que terminó dando una información equivocada.

La representante del Ministerio de Educación se comprometió mediar en el caso denunciado y revisar todo el proceso de admisión, que en el caso de Nino Pariona Pastrana, debió adecuarse a su discapacidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES