La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL), aprobó -por unanimidad (con 14 votos a favor)- un dictamen que plantea modificar el Nuevo Código Procesal Penal para incorporar herramientas tecnológicas en los procedimientos de control de identidad policial.

La iniciativa legislativa, sustentada en los proyectos de ley 05275/2022-CR, 08883/2024-CR y 09314/2024-CR, propone habilitar la verificación biométrica dactilar y facial como mecanismos complementarios para la identificación de personas durante intervenciones policiales.

La propuesta, impulsada por los congresistas Cheryl Trigozo Reátegui, Alfredo Azurín Loayza y Elva Julón Irigoin modifica los numerales 2 y 4 del artículo 205 del Decreto Legislativo 957. De acuerdo con el dictamen, la Policía Nacional podrá emplear sistemas biométricos cuando disponga de medios tecnológicos disponibles, con el objetivo de fortalecer la verificación de identidad en el mismo lugar de la intervención.

La norma también precisa que, en caso no se logre comprobar la identidad mediante documento o verificación biométrica, la autoridad policial deberá aplicar procedimientos adicionales considerando la gravedad del hecho investigado o el contexto operativo.

Asimismo, la iniciativa establece que el financiamiento de la implementación tecnológica se realizará progresivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para aprobar la reglamentación correspondiente, mientras que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deberán implementar los sistemas dentro del mismo periodo.

FORTALECIMIENTO PENAL CONTRA EL ABIGEATO

Durante la sesión, el grupo de trabajo también aprobó —con cargo a redacción y con 10 votos a favor y 4 abstenciones— el dictamen que modifica el Código Penal para reforzar la protección del ganado frente al delito de abigeato. La propuesta legislativa reúne seis proyectos de ley y busca endurecer las sanciones contra quienes sustraigan ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido.

El congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) defendió la iniciativa al señalar que este delito afecta directamente a las familias rurales. “No es un problema menor ni aislado. Es un delito que golpea a las familias más vulnerables de las zonas alejadas. Para muchos, el ganado es su principal fuente de ingreso y su forma de ahorro”, afirmó durante el debate.

Por su parte, el congresista Jorge Morante (bancada Somos Perú) recordó que el delito de abigeato llegó a ser considerado casi inexistente cuando se aprobó el Código Penal en los años noventa.

“Se pensaba que este delito había desaparecido, pero en muchas comunidades campesinas sigue siendo una realidad. Por eso es importante contar con sanciones penales claras y efectivas”, sostuvo.

Sin embargo, la congresista Gladys Echaíz (bancada HyD) expresó reparos sobre el incremento de penas cuando el delito se vincula con organizaciones criminales. A su juicio, la modificación podría generar sanciones desproporcionadas si se suman las penas por organización criminal y por robo de ganado.

“Podríamos llegar a penas de hasta 35 años, lo cual exige un análisis cuidadoso respecto al principio de proporcionalidad”, advirtió.

DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA

En otro momento de la sesión, la comisión aprobó por unanimidad (con 14 votos a favor y con cargo a redacción) el dictamen recaído en los proyectos de ley 08551/2024-CR, 07436/2023-CR, 06161/2023-CR y 05555/2022-CR, que propone la Ley que fortalece la interoperabilidad y la digitalización de los procesos judiciales, iniciativa que busca agilizar los procedimientos y reducir la tramitación física de expedientes.

El proyecto establece que el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades del sistema de justicia deberán implementar mecanismos de intercambio digital de información, garantizando servicios judiciales más eficientes y accesibles. Asimismo, la propuesta dispone que las partes procesales puedan acceder gratuitamente a copias digitales de expedientes judiciales y carpetas fiscales.

DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADULTO MAYOR

La comisión también aprobó, por mayoría (con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención), el dictamen que recae en el Proyecto de Ley 08757/2024-CR, denominado “Ley que establece el carácter vinculante en la vía administrativa de los plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la República en materia laboral y previsional a favor de la persona adulta mayor”.

La propuesta, presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros, obliga a las entidades públicas a aplicar estos criterios jurisprudenciales en los procedimientos administrativos vinculados a los regímenes pensionarios establecidos en los decretos leyes 19990 y 20530.

Durante el debate, la congresista Gladys Echaíz solicitó un cuarto intermedio para analizar la iniciativa con mayor profundidad; sin embargo, la comisión decidió continuar con la votación.

CUARTO INTERMEDIO

Asimismo, el grupo parlamentario debatió el Proyecto de Ley 13486/2025-CR, orientado a modificar la normativa que regula la ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales, con el fin de fortalecer el cumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta, presentada por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, plantea que las obligaciones económicas derivadas de estas sentencias se ejecuten directamente en sede administrativa.

La iniciativa generó debate entre los legisladores. La congresista Martha Moyano (bancada FP) anunció su voto en contra al considerar que la medida podría afectar la defensa del Estado frente a resoluciones internacionales. En la misma línea, el congresista Alejandro Muñante (bancada RP) expresó preocupación por las implicancias en la soberanía jurídica del país. Finalmente, el dictamen pasó a cuarto intermedio para un análisis adicional.

En otro momento, la comisión también envió a cuarto intermedio el dictamen del Proyecto de Ley 10863/2024-CR, propuesto por el congresista Héctor Valer Pinto, que plantea modificar el Código Penal para precisar los actos del delito de receptación, incorporar agravantes por habitualidad o actividad económica y por bienes que superen 4 UIT, además de crear un Registro Nacional de Bienes Robados y Recuperados con un plazo de implementación de 90 días.

DESIGNACIÓN

En la parte final de la sesión, la comisión aprobó por unanimidad —con 13 votos a favor— la designación del congresista Flavio Cruz Mamani como representante del grupo de trabajo ante la Comisión Coordinadora del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva del Ministerio Público, correspondiente al periodo legislativo 2025-2026.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL