La persona que sea hallada culpable de activar, mediante sistemas informáticos u otro mecanismo, el Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM card) o una línea de servicio móvil en la plataforma de abonados de una empresa operadora sin el consentimiento del titular, o cuando la información del titular sea falsa, será reprimida con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Así lo establece el dictamen aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Isaac Mita Alanoca (PL). Se trata de un nuevo texto recaído en las iniciativas 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, y que fue elaborado después de haber sido observada la autógrafa correspondiente por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, señala que a quien provea, comercialice o facilite la adquisición de una SIM card u otro medio activado ilegalmente, le será aplicada una pena de entre cinco y nueve años de cárcel.
Además, si el agente adquiere o posee el SIM card u otra medida activada ilegalmente que esté asociado a una línea de servicio móvil, la sanción será no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

El dictamen plantea la modificación de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635, respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de SIM card. Contiene las propuestas de los congresistas Rosangella Barbarán Reyes (FP), Alejandro Soto Reyes (APP) y María del Carmen Alva Prieto (NoA).

PERSONAL DE SALUD INPE

Durante la vigésima segunda sesión de la comisión también fue aprobada, con 21 votos a favor, en forma unánime el dictamen recaído en los proyectos de ley 06732/2023-CR, 08800/2024-CR, 08947/2024-CR y 09859/2024-CR, que propone autorizar la incorporación progresiva del personal de la salud del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que labora bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 afecto al régimen remunerativo del Decreto Legislativo 1153, así como el cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera.

El objetivo es la mejora en la calidad de vida de los trabajadores de este sector, “lo que tendrá impacto en un sistema de justicia que presenta grandes falencias actualmente, por lo que, con la presente iniciativa legislativa se propiciará que funcione de manera más idónea y efectiva, generando una nueva disposición que reconoce los derechos laborales de los trabajadores de salud del INPE, y la igualdad de oportunidades sin discriminación”.

Los congresistas Víctor Cutipa Ccama (JPP-VP), Francis Paredes Castro (PP) y Alex Paredes Gonzales (BMCN), entre otros, coincidieron en saludar la propuesta.

SUNARP

Con 12 votos a favor, seis en contra y tres abstención el grupo de trabajo aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 10656/2024-CR, 11105/2024-CR y 11178/2024-CR, que plantea la ley que excluye de los alcances del Decreto Legislativo 1647, que establece la obligatoriedad de la aplicación de la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, a fin de excluir de sus alcances a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

De acuerdo con el dictamen, la propuesta legislativa asegura la sostenibilidad financiera de la SUNARP, busca evitar un perjuicio económico a dicha entidad y garantiza la continuidad y mejora de los servicios.

DETENCIÓN PRELIMINAR

Con 11 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, la comisión aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 10603/2024-CR y 11092/2024-CR, que proponen la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para perfeccionar con enfoque garantista la detención preliminar en casos de no flagrancia y otros procedimientos registrales.

Entre los beneficios, señalados se encuentra el asegurar que la detención preliminar, en casos de no flagrancia, sea aplicada solo en delitos graves y bajo criterios como de urgencia y necesidad restringe el uso indiscriminado de la detención, protegiendo de manera más efectiva la libertad personal y la presunción de inocencia.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

La comisión emitió 16 votos a favor y cinco abstenciones al dictamen recaído en la propuesta proveniente del Poder Ejecutivo (PL 11090/2024-PE), que propone modificar la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Así también, modifica la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, para establecer la inhabilitación definitiva de empresas nacionales y extranjeras involucradas en delitos de corrupción, incluso si intentan operar con una nueva identidad o estructura empresarial.

Finalmente, quedó en cuarto intermedio el dictamen recaído en los proyectos de ley 07631/2023-CR y 10504/2024-CR, que propone la ley que crea el Banco de Perfiles Genéticos de Detenidos y Sentenciados, habida cuenta de la necesidad de un mayor estudio.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL