La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este miércoles, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 13700/2025-CR y 14266/2025-CR, que plantea modificar la Ley N.° 32489 para viabilizar la incorporación progresiva de los servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Los integrantes de este grupo de trabajo, presidido por el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL), respaldaron la propuesta con 9 votos a favor (incluido el voto de la legisladora Martha Moyano con observaciones) y 3 abstenciones.

Con esta decisión, se busca destrabar la aplicación de la norma vigente y permitir que el proceso de migración laboral avance de manera progresiva para los trabajadores actualmente contratados bajo el régimen CAS, es decir, el Decreto Legislativo N.° 1057. Además, el texto aprobado plantea exonerar a la Sunarp de restricciones contenidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con la finalidad de hacer operativa la incorporación y evitar que la medida quede solo en el plano declarativo.

Durante el debate, el congresista Segundo Quiroz saludó la presencia de los dirigentes de la entidad registral y remarcó que distintas bancadas vienen abordando “temas especialmente de reivindicaciones”. En esa línea, sostuvo que, desde la defensa de los derechos laborales, mantiene cercanía con “la legítima demanda de los trabajadores”. A su vez, el congresista Alex Paredes expresó también su respaldo a la iniciativa.

DEFENSORES PÚBLICOS

En otro momento, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 10019/2024-CR, que propone actualizar de manera progresiva la escala remunerativa de los defensores públicos a nivel nacional, en el marco del principio de igualdad con jueces y fiscales.

La iniciativa, presentada por el legislador Waldemar Cerrón Rojas (bancada PL), fue respaldada con 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Vale precisar que el dictamen precisa que la actualización salarial no será inmediata, sino progresiva y sujeta a disponibilidad presupuestal. Para ello, encarga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, definir los mecanismos, criterios y etapas de implementación mediante una norma reglamentaria en un plazo no mayor de 90 días calendario.

La propuesta legislativa plantea fortalecer el servicio de defensa pública, reducir brechas remunerativas y mejorar las condiciones de quienes asumen la defensa legal de ciudadanos, especialmente de sectores vulnerables.

En defensa del dictamen, el congresista Segundo Quiroz (bancada APP) afirmó que el factor presupuestario “siempre ha sido el talón de Aquiles prácticamente para poder reivindicar derechos laborales de los trabajadores” y advirtió que esa situación alimenta la “fuga de talentos profesionales”. Asimismo, remarcó que los defensores públicos realizan “una labor encomiable” en favor de población vulnerable y cumplen tareas que incluso los llevan a zonas alejadas del país.

No obstante, la propuesta recibió cuestionamientos. La congresista Gladys Echaíz (bancada HyD) advirtió que el proyecto no contaba con dictamen de la Comisión de Presupuesto ni con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

“¿Cuáles son las razones por las cuales el abogado del Estado, que viene a ser el defensor público, tendría que equipararse en remuneración con un juez y con un fiscal?”, preguntó.
Más adelante, la parlamentaria insistió en que los defensores públicos deben percibir una remuneración acorde a su condición profesional dentro del sector al que pertenecen, pero rechazó que se tome como referencia el sueldo de fiscales o jueces.

Frente a ello, el presidente de la comisión, Flavio Cruz Mamani, consideró legítimo el contraste de posturas y sostuvo que las diferencias funcionales no deberían traducirse en subestimación. En ese contexto, defendió el valor del trabajo que cumplen los defensores públicos, sobre todo cuando asumen la representación de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

Finalmente, la comisión aprobó por mayoría, con 9 votos a favor y 2 abstenciones, el dictamen recaído en los proyectos de ley 10146/2024-CR, 12495/2025-CR y 13897/2025-CR, que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria en el país.

Se establece como objetivo la creación de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para reducir el hacinamiento carcelario, mejorar la clasificación de internos según su nivel de peligrosidad y reforzar la seguridad penitenciaria.

Además, precisa que la eventual ejecución de estas medidas corresponderá al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del INPE, dentro del marco de sus competencias y de la disponibilidad presupuestal.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL