Por unanimidad, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el legislador Wilson Soto (AP), aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 6342/2023-CR, que propone mediante texto sustitutorio la modificación de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de simplificar el procedimiento para la solicitud de suspensión, cancelación o baja de servicios públicos.

La iniciativa, que fue presentada por la congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País), busca incorporar el párrafo 66.9 en el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de que las empresas de telecomunicaciones, electricidad, agua potable, saneamiento y gas natural proporcionen en todos sus canales de atención las opciones de solicitud de suspensión temporal, cancelación o baja de dicho servicio.

“El trámite debe ser célere y debe seguir el principio de simplicidad que rigen en los procedimientos (…) al respecto, Indecopi opinó que en algunos casos la complejidad para acceder a la sección para dar de baja a los servicios puede ser tediosa”, señaló el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor.

Según Wilson Soto, la propuesta legislativa “no genera un gasto adicional” ni incremento presupuestal en los sectores involucrados, ya que forma parte de sus competencias. Su colega Diana Gonzales dijo que la iniciativa plantea “hacerle la vida más fácil a los ciudadanos” y que los procesos sean virtuales, así como de fácil acceso.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

En otro momento, la Comisión de Defensa del Consumidor escuchó a la decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Sonia Delgado Céspedes, quien respondió por los alcances de la resolución 0102-2024 de Indecopi, que autoriza a establecimientos farmacéuticos la venta de productos no farmacéuticos y a expedir recetas médicas.

Al respecto, Delgado dijo que hay farmacias que venden productos altamente en grasas saturadas y que podría generar una contaminación cruzada, que podría llevar a que aparezcan hongos, bacterias y hasta roedores cerca a los medicamentos.

Asimismo, rechazó la posibilidad de que las farmacias brinden consultas médicas, debido a que se direccionan la prescripción de las medicinas. “El Colegio Médico ha mostrado su rechazo total, porque -para tener un consultorio médico- se debe cumplir con una normativa específica, como contar con camillas y tener condiciones adecuadas. Sin embargo, las farmacias no tienen espacios”, dijo.

OTROS

La comisión también analizó los proyectos de ley 5851/2023-CR y 5920/2023-CR, referidos a la regulación del servicio que prestan las empresas administradoras de fondos colectivos. En esta ocasión estuvo presente la superintendente del Mercado de Valores (SMV), Lorena de Guadalupe Masías Quiroga, y el presidente de la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (ADEAFCO), Enrique Eduardo Garlans Ponce.

Luego, se acordó volver a convocar a la presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, debido a su ausencia a fin de que responda por la problemática del servicio de hemodiálisis que brinda el Seguro Social a nivel nacional, así como del abastecimiento de medicamentos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL