Con la finalidad de promover la paridad de género en las empresas del Estado, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley que promueve la paridad en los directorios de las empresas.

Fue el lunes 1, durante el desarrollo de vigésima novena sesión ordinaria, que fue conducida por su presidenta Carolina Lizárraga Houghton (PM).

La titular de ese grupo detalló que la norma garantiza la representación igualitaria entre mujeres y hombres en los directorios de las empresas estatales bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

“El Estado garantiza que los directorios de las empresas del Estado estén conformados mínimamente por el 50 % de mujeres. En el caso de las empresas del Estado, cuyo número de miembros del directorio es impar, la paridad se aplica hasta la designación del penúltimo miembro del directorio, pudiendo ser el último miembro mujer u hombre”, señaló.

La parlamentaria Mónica Saavedra Ocharán (AP) manifestó que es necesario promover espacios para que las mujeres puedan participar activamente de la vida económica de nuestro país.

Indicó que es importante que las empresas esclarezcan el principio de paridad para la conformación de sus directorios.

“En nuestro país existen mujeres preparadas académicamente y con la experiencia suficiente para asumir tales responsabilidades en cualquiera de las empresas públicas que se rigen bajo el marco del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad empresarial del Estado”, subrayó.

Por su parte, Matilde Fernández Florez (SP), autora del proyecto, señaló que no solo las empresas ligadas a la Fonafe se ajustan a estas desigualdades, sino también empresas de agua potable, cajas municipales, y otras donde sus directorios están conformados por un porcentaje mayor de hombres.

Informó que, a setiembre de 2020, los directorios de las 35 empresas de la corporación Fonafe se encuentran conformados en su gran mayoría por varones. “De 139 varones, solo 28 representan al género femenino, por consiguiente, se hace evidente que no se viene aplicando el derecho fundamental de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, señaló.

Matilde Fernández manifestó que en pleno siglo XXI no debe darse este tipo de discriminación, aun cuando estadísticamente, según el reporte del INEI, existe un mayor porcentaje de mujeres profesionales capacitadas para ejercer cargos públicos de dirección.

“De las 35 empresas, 34 son presidentes; igual sucede en las empresas municipales donde a setiembre de 2020, fecha en que se elaboró el proyecto de ley, los directorios estaban conformados por más de 80 % de hombres. Por ejemplo, en la Empresa Municipal de Peaje (Emape S.A.) son cinco integrantes del directorio, todos ellos son varones; la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima está conformada por siete integrantes del directorio, seis son varones y una sola mujer; en la Caja Huancayo son ocho miembros del directorio, todos varones”, señaló.

Respecto a la reglamentación de esta propuesta, consideró que es un exceso que se otorgue al Ejecutivo 90 días, pues no cumplen con emitir el reglamento en la fecha indicada, tampoco puede ser sancionado por incumplimiento, por lo cual sugirió que se dé en 45 días calendarios.

A su turno, la congresista Arlette Contreras Bautista consideró que es importante la paridad y la alternancia en otros espacios importantes y de toma de decisiones.

PROBLEMÁTICA

La Comisión de Mujer y Familia también analizó la problemática de identidad de género en el Perú. Para ello, recibió el aporte de especialistas en ese tema y representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sobre este punto, la legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) consideró que es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad, en el que no se imponga a los demás la forma cómo queremos que sean, que se acepte la forma de vivir, que no produce daño a los demás.

Indicó que, debido a la estigmatización, a la discriminación permanente, a la violencia simbólica y violencia real, y los asesinatos a personas trans, es que ese grupo es extremadamente vulnerable y muchas veces ellos son arrinconados por la falta de oportunidades educativas y laborales, que los encierra cada vez más en una sociedad en la que se está construyendo muros invisibles.

“Hoy en día, hay personas trans en el sector rural, en el mundo indígena, que debemos tomar en cuenta”, subrayó.

En la misma línea, el parlamentario Alberto de Belaúnde de Cárdenas dijo que el problema no está solo en la violencia de unos desadaptados en las calles, sino también en las escuelas, pues se evita que muchas chicas (os) trans puedan terminar el colegio.

“Es una violencia que se da cuando se busca empleo, cuando el propio Estado les niega los derechos, y les niega, incluso, el acceso a un edificio público, indicó.

Lima, 1 de marzo de 2021

OFICINA DE COMUNICACIONES