La Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside Segundo Montalvo Cubas (PL) aprobó por mayoría (16 votos a favor, 1 abstención) el dictamen recaído en el proyecto de Ley N° 4792/2022-CR que con texto sustitutorio propone la Ley que impulsa la ejecución de obras públicas que se encuentran paralizadas en materia de salud.

La iniciativa de autoría de la congresista  Edhit Julón Irigoin (APP) alcanza a todas las entidades públicas vinculadas al sector salud que cuenten con un avance físico igual o mayor al 20% y las que provengan de un contrato resuelto declarado nulo, según corresponda.

El texto señala que, actualmente existen obras públicas de infraestructuras de hospitales paralizadas que superan los 3,500 millones de soles en inversiones, corriendo el riesgo de incrementar los costos en tres veces más si no se destraban.

De esta forma, la propuesta contribuye a la efectiva prestación de servicios públicos fortaleciendo el Sistema de Salud Nacional, utilizando de manera eficiente los recursos públicos a fin de reducir significativamente las brechas de infraestructura en el sector, en beneficio de la población.

Por otro lado, quedan excluidas las obras públicas cuya paralización sea consecuencia de la falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuestal; así como cuando sea técnica o jurídicamente inviable continuar con la ejecución contractual.

Nelson Shack responde a comisión

Previamente, el grupo de trabajo recibió al Contralor General de la República, Nelson Shack, para que brinde información sobre diversos temas, como las acciones de control ejercidas ante el presunto endeudamiento de la Municipalidad de Lima por la emisión de bonos, irregularidades en el JNE en relación a la contratación de Fernando Tuesta Soldevilla, entre otros.

En primer lugar, Shack sustentó los proyectos de Ley 4750/2022-CG y 7310/2023-CG los cuales buscan establecer mecanismos de control con el propósito de combatir cualquier tipo de corrupción que puedan generarse en las diferentes instituciones públicas del Estado.

En ese sentido, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (PB) manifestó como adecuada la iniciativa legislativa 4750, ya que los responsables de las Oficinas de Control Interno (OCI) de todas las instituciones públicas serán funcionarios de la Contraloría, evitando de esta manera el conflicto de intereses.

Sobre la Municipalidad de Lima, explicó que de acuerdo a normativa vigente las instituciones que hayan sido calificadas con nota BBB+ por clasificadoras de riesgo proceden legalmente a endeudamiento, lo cual ha ocurrido en este caso.

Al respecto, el presidente de la comisión, Segundo Montalvo, indicó que de acuerdo a la clasificadora de riesgo internacional Fitch Ratings el endeudamiento no sería viable, por lo que consultó cuál había sido la postura de la Contraloría en ese aspecto.

Sustentación

El congresista Alfredo Pariona Sinchi (NoA) sustentó su proyecto de Ley N° 7111/2023-CR,  que propone la Ley que modifica la Ley 27785 para establecer la competencia sancionadora de la Contraloría General de la República sobre los contratistas, supervisores o proyectistas que generen la paralización o interrupción de la ejecución de obras públicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL