Con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

El presidente de este grupo de trabajo, Fernando Rospigliosi Capurro (FP), aclaró desde un primer momento que la propuesta no representa ninguna impunidad como se viene difundiendo en algunos sectores; por el contrario, responde -dijo- a una necesidad histórica, justa y humanitaria.

En ese sentido, precisó que la proyectada norma aplica en dos casos:
1. A miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000.

2. A miembros de las FF.AA., PNP, adultos mayores e integrantes del comité de autodefensa que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución.

Asimismo, remarcó que no aplica la amnistía para quienes se encuentran denunciados imputados o condenados por terrorismo o por delito de corrupción de funcionarios los que deben ser objetivo de los procesos penales correspondientes.

JUSTIFICACIÓN

Rospigliosi Capurro indicó que uno de los argumentos que justifican la aprobación de esta ley se encuentra en el respeto al plazo razonable el cual es un derecho consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú que establece el derecho a un debido proceso.

“Hoy, 25 años después existen cientos de militares y policías, en realidad son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”, refirió.

En ese contexto, indicó el presidente de la comisión, la amnistía se presenta como una herramienta jurídica válida para restaurar el equilibrio quebrado, restituir el derecho al plazo razonable y poner fin a una persecución penal que ha dejado de ser compatible con la justicia.

EL DEBATE

Para el parlamentario Jorge Montoya Manrique (HyD), el proyecto de ley de su autoría busca establecer un marco de garantía para quienes salieron en defensa del orden constitucional y democrático quienes no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones.

Por su parte, el legislador Alfredo Azurín Loayza (SP) mencionó que no se puede perseguir a tanto policía y militar durante largo tiempo. “Es injusto como el sistema de justicia nos puede mantener de esa forma y eso solamente ocurre en el país”, añadió.

Mientras que el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) lamentó que gente de generación se esté dedicando a perseguir militares y policías, cuando lo que deberían hacer es a agradecer por restaurar la paz y la democracia.

Por otro lado, parlamentarios como Ruth Luque Ibarra (BDP), Jaime Quito Sarmiento (BS) y Alex Flores Ramírez (BS) expresaron opinión en contra.

OTROS DICTÁMENES

Con 21 votos a favor y 1 en contra, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10747/2024-CR que tiene como finalidad excluir a los servidores del Tribunal Constitucional del ámbito de la Ley Servir.

La propuesta modifica la Ley 30647, Ley que precisa el régimen laboral del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y sus trabajadores.

DECRETOS LEGISLATIVOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Con 20 votos a favor y 2 abstenciones, este grupo de trabajo aprobó por los predictamenes de control recaídos en los Decretos Legislativos 1638, 1642, 1678, 1687 y 1690. Además, los predictamenes de control recaídos en los Tratados Internacionales 180, 181, 198, 201 y 202.

Se trata de disposoiciones legales que abordaban materias sobre museos públicos y bienes inmuebles, servicio público terrestre, migraciones, simplificación administrativa, entre otros temas.

SUSTENTACIONES

Posteriormente, el congresista Juan Lizarzaburu Lizarburu (APP) sustentó el proyecto de resolución legislativa 7912/2023-CR, resolución legislativa que incorpora el artículo 69 A al Reglamento del Congreso de la República sobre pedidos de opinión.

Finalmente, la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (RP) sustentó su Proyecto de Ley 8873/2024-CR, Ley que sanciona a los funcionarios por el incumplimiento de plazos establecidos para la emisión de normas reglamentarias.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL