La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside Segundo Montalvo Cubas (PL), aprobó, por mayoría (16 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones), el dictamen que propone modificar la Ley 30220, Ley Universitaria, para incorporar la regulación de las universidades interculturales.

Fue durante la décima segunda sesión extraordinaria realizada en forma descentralizada en el auditorio Central de la Universidad Nacional de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, departamento de Ucayali.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 7511/2023-CR; 07613/2023-CR; 9341/2024-CR; y 9646/2024-CR; y su fórmula legal incorpora diversos numerales en los artículos 4, 6, 27, 31, 40 y 48 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

La propuesta establece que las “universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales o interculturales con criterios de calidad, pertinencia, responsabilidad social y diversidad cultural y lingüística a fin de brindar una educación inclusiva de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado”.

En otro de su numerales se garantiza “espacios y mecanismos efectivos de participación de los pueblos indígenas en las universidades interculturales; asimismo, incorpora transversalmente el enfoque intercultural en los contenidos académicos, metodologías de enseñanza y evaluación promoviendo un modelo educativo que respete, valore y fortalezca la identidad cultural de los estudiantes indígenas”.

Otro elemento fundamental de la propuesta legal es que “asegurará la participación de sabios y miembros de comunidades indígenas en sus proceso académicos”, así como el respeto de la sostenibilidad ambiental al impulsar prácticas responsables para la preservación del medio ambiente.

NECESIDAD PÚBLICA

Previamente, el grupo de trabajo aprobó, por unanimidad (22 votos), el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de diversos proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.

La propuesta legal, que congrega el Proyecto de Ley 967/2021-CR y otras 27 iniciativas legislativas de congresistas de diversas bancadas, tiene como propósito fortalecer el acceso a una educación de calidad y una mejora de la calidad de la infraestructura educativa en diversos departamentos del país.

En su artículo único, incluye proyectos de inversión pública que cuentan con Código Único de Inversión; entre ellos se encuentra el mejoramiento de vías de acceso para la prestación de servicios educativos en la Ciudad Universitaria de Zungarococha de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana San Juan Bautista Maynas Loreto.

Otras obras, son, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura en el Instituto Tecnológico Andrés Avelino Cáceres en Huancayo, departamento de Junín; o el mejoramiento en la institución educativa Joaquín Capela en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

INSISTENCIA

De otro lado, los miembros de la Comisión de Educación aprobaron por mayoría (15 votos a favor, cero votos en contra y 3 abstenciones) el dictamen de insistencia, en los mismos términos, de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo sobre la “Ley que crea la Universidad Nacional de Desaguadero”.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 8115/2023-CR; 8207/2023-CR; 8376/2023-CR; 8408/2023-CR; 8769/2024-CR; y 8933/2024-CR. Fue aprobada en primera votación el 21 de noviembre del 2024 y en segunda votación el 4 de diciembre siguiente. Fue observada por el Ejecutivo el 7 de enero del presente año.

Participaron en los debates el segundo vicepresidente del Congreso Waldemar Cerrón Rojas (PL) y los congresistas Segundo Quiroz Barboza, Milagros Rivas Chacara (PL), Katy Ugarte Mamani (BMCN), Karol Paredes Fonseca (AvP), Mery Infantes Castañeda (FP), Silvia Monteza Facho (AP), Wilson Quispe Mamani (JP-VP), Francis Paredes Castro (PP), Carlos Zeballos Madariaga (NoA), Flavio Cruz Mamani (PL).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL