La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 5361/2022- CR, 5591/2022-CR, 5616/2022-CR y otros que autoriza incorporar al régimen laboral del DL 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encuentran bajo el régimen CAS.

Durante la exposición, se destacó que existe una brecha salarial de hasta 40 % entre defensores públicos y una diferencia de hasta 50 % entre el personal administrativo, pese a realizar funciones similares, lo que genera precariedad e inestabilidad laboral, además de afectar la eficacia del acceso a la justicia para la población más vulnerable que acude al servicio de defensa pública gratuita que brinda el Estado.

La comisión señaló que la medida busca revertir esta situación que afecta a más de 2,700 trabajadores, estableciendo que la incorporación al régimen 728 se ejecute de manera progresiva en un plazo no mayor a tres años.

Asimismo, se precisó que la implementación de la propuesta se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La entidad quedará autorizada para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias dentro del marco de su equilibrio financiero.

MINISTROS SUSTENTAN PRESUPUESTO

Durante la sustentación de los presupuestos asignados al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para el Año Fiscal 2026, diversos congresistas formularon observaciones y consultas relacionadas con la reducción de recursos para inversiones, la falta de atención a proyectos estratégicos y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de ambas carteras.

En el caso del portafolio del Interior, el ministro Carlos Malaver Odias informó que el presupuesto asciende a 13,748 millones de soles, representando un incremento del 3.8 % respecto al año anterior. Sin embargo, explicó que la mayor parte de los recursos se destina al pago de remuneraciones del personal policial, mientras que las inversiones presentan una disminución significativa.

Al respecto, el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), presidente del grupo de trabajo, cuestionó que los sectores lleguen al Parlamento solo a exponer los montos ya definidos por el Ejecutivo, sin haber defendido con firmeza sus requerimientos ante el Consejo de ministros.

Por su parte, Eduardo Castillo Rivas (FP) advirtió que la falta de 590 millones de soles afectará directamente la capacidad operativa del sector y pidió precisar el impacto que tendría esa brecha en la lucha contra la extorsión, el sicariato y la criminalidad organizada.

La legisladora Silvana Robles Araujo (BS) exigió la reapertura de la Escuela Técnica Superior de Mazamari, así como la asignación de recursos dentro del presupuesto 2026 para reactivar esta infraestructura clave para la seguridad y el combate al narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, explicó que el presupuesto del sector se incrementará en 8.79 % respecto al 2025, alcanzando 7,233 millones de soles para fortalecer las capacidades militares, la defensa territorial y la modernización de las Fuerzas Armadas. No obstante, advirtió que casi el 70 % del total se destina al pago de planillas, mientras que solo el 15.1 % corresponde a proyectos de inversión.

El congresista Eduardo Castillo Rivas (FP) cuestionó que el ministerio no haya transferido un terreno en Sullana destinado a la construcción de un mercado municipal, pese a la existencia de una ley que así lo establece, y pidió explicaciones sobre el uso de los predios militares subutilizados.

El parlamentario Eduardo Salhuana Cavides (APP) solicitó precisar el monto destinado a la vigilancia y control fronterizo en Madre de Dios, así como los recursos para el mantenimiento del cuartel Pachacútec y para los vuelos de apoyo social a comunidades aisladas.

El legislador Héctor Valer Pinto (SP) pidió detalles sobre la exoneración del Sistema de Contrataciones del Estado para la compra de vehículos de seguridad, y sobre el presupuesto previsto para la adquisición de 24 helicópteros y drones que forman parte del proceso de modernización militar.

Finalmente, el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (RP) solicitó incorporar en la Ley de Presupuesto una disposición para fortalecer la investigación académica y reconocer al CAEN como centro de excelencia en seguridad y defensa nacional.

INHIBICIÓN

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó inhibirse en el dictamen recaído en los proyectos de ley 10376/2024- CR, 11812/2024-CR y 11555/2024-CR, que propone la creación e implementación de Colegios de Alto Rendimiento de Música y Arte, la instalación de un COAR en el distrito de Kimbiri (Cusco) y la declaración de necesidad pública e interés nacional de un Centro de Alto Rendimiento en la provincia de Puno.

Similar decisión adoptó con el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 09790/2024-CR, Ley que autoriza crear la filial de la Universidad Nacional José María Arguedas en la ciudad de Antabamba.

OFICINA DE COMUNICACIONES IMAGEN INSTITUCIONAL