Con 10 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside la legisladora Martha Moyano (FP), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6511/2023-PE, que propone modificar la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, con el fin de garantizar la neutralidad en el desempeño de la función pública docente.

La iniciativa plantea que se considerarán como faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, cuando se realiza -bajo cualquier forma- actividades de proselitismo político a favor o en contra de organizaciones políticas, autoridades, candidatos, o algún movimiento político, dirigencia política a nivel nacional, regional y local “durante el ejercicio de la función docente o haciendo uso de la infraestructura, bienes o recursos públicos de la instancia de gestión educativa descentralizada”.

Del mismo modo, cuando el docente exalte, justifique o enaltece hechos de violencia bajo cualquier forma que alteren “o busquen alterar” el orden constitucional durante el ejercicio de la función docente.

También se plantea la destitución del profesor cuando induzca -bajo cualquier forma- a los estudiantes o alumnos a participar en actividades de proselitismo político. Asimismo, cuando los persuada u obligue a realizar cualquier tipo de actos que exalten, justifiquen o enaltezcan hechos de violencia que alteren o busquen alterar el orden constitucional dentro o fuera del horario laboral.

“Hemos sido testigo de profesores cuando adiestran a niños bajo la cultura de la violencia, un proselitismo con conducta política errada, así como para hablar con frases soeces frente a una autoridad nacional, pero como no está dentro del aula, en el patio escolar, lo consideran que no se debe aplicar (una sanción) “, alegó Moyano durante el debate.

Luego, se aprobó, con 13 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3892/2022-CR, que modifica el artículo 325 del Código Penal e incorpora agravante al delito de atentado contra la integridad nacional.

En el texto actual se indica que la persona que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años.

Al respecto, el dictamen agrega el siguiente párrafo: “cuando el agente sea funcionario o servidor público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años”.

Finalmente, con 16 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se aprobaron dictámenes que plantean la legalidad y constitucionalidad de diversos decretos legislativos.
SUSTENTO
En otro momento, la congresista Gladys Echaíz sustentó el Proyecto de Ley 6816/2023-CR, que plantea una reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal.

“Tiene la finalidad de crear la institución que se encargue de formar, capacitar, seleccionar a los magistrados y la evaluación para el ingreso que debe ser muy exigente tipo la Academia Diplomática, donde entran los mejores”, alegó la legisladora.

La iniciativa también plantea la creación de un Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia con la finalidad de que las instituciones que conforman este sistema funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada.

En la sesión participaron especialistas para dar su opinión sobre el tema, entre ellos: Manuel Sánchez–Palacios Paiva, exjuez supremo de la Corte Suprema de Justicia y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones; Lourdes Flores Nano, especialista en derecho público; Aníbal Quiroga León, especialista en derecho constitucional; así como Virgilio Hurtado Cruz, especialista en derecho electoral.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL