El uso obligatorio de la Cámara Gesell para las diligencias y declaraciones en los casos de trata de personas, violación de la libertad sexual, fue dictaminado por mayoría en la décimo quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Américo Gonza Castillo (PL).

La medida es el objeto central del dictamen, sustentado en el proyecto de ley 832/2021, Ley que fortalece la política nacional de lucha contra la trata de personas y otros delitos con el uso obligatorio de la cámara Gesell que impide la revictimización de niños, niñas o adolescentes víctimas o agraviadas.

Fue aprobado por mayoría: diecisiete votos a favor, cero votos en contra y una abstención.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo la no revictimización de las víctimas del delito de trata de personas, y abusos sexuales contra niños y adolescentes, cuyo objetivo principal es evitar la repetición del trauma de la víctima, y buscar educir los interrogatorios a estas víctimas de delitos especificados

Con ello, se fortalece la respuesta del Estado a la atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas, desde el momento en que estas son rescatadas, y porque con políticas preventivas, también se advierte que el legislador en su propuesta es de carácter sistémico que rescata múltiples necesidades intereses y preocupaciones de la víctima y en consecuencia su rol protagónico en el proceso de reintegración y recuperación del daño como sujeto de derecho,

Durante el debate, la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez (AvP) sugirió incluir al final del dictamen una precisión sobre los plazos establecidos en el reglamento; propuesta que fue recogida por la presidencia con cargo a redacción.

Por su parte, la parlamentaria Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) solicitó que se realice una precisión en la norma, de que el uso de las Cámaras Gesell solo sea para niños y adolescentes, y que la norma propuesta establece el uso de la misma para todas las personas.

DELITOS PATRIMONIALES

Seguidamente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por mayoría (diecisiete votos a favor, cero en contra y una abstención) el dictamen recaído en el proyecto de ley 2157/2021, que propone modificar el Decreto Legislativo N.° 1214, que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes.

El objeto de la norma propuesta es prevenir los delitos patrimoniales, el comercio de vehículos y autopartes en mercados de receptación o comercios informales, y establece disposiciones sobre la transferencia de vehículos usados, vehículos en abandono y vehículos siniestrados en depósitos.

Para ello modifica, el artículo 5 del Decreto Legislativo 1214, Decreto Legislativo que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes.

En su única Disposición Complementaria Final, la Policía Nacional del Perú, a través de su división encargada, implementará, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, “un sistema para que las denuncias por hurto o pérdida de placas de rodaje sean reportadas a una base de datos centralizada, así como un registro de vehículos robados, perdidos o siniestrados, el cual debe estar permanentemente actualizado”.

CUARTO INTERMEDIO

En su tercer punto de agenda, la presidencia de la comisión, a solicitud del congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) determinó que el predictamen recaído en los proyectos de ley 1526/2021 Y 1733/2021, que proponen la “Ley que desarrolla la legítima defensa regulada en la Constitución Política del Perú y amplia los alcances en el Código Penal, pase a un cuarto intermedio.

El predictamen, expuso Gonza castillo, afirma que los mencionados proyectos de ley tienen “evidentes rasgos del derecho penal simbólico, cuya característica principal es la improvisación y falta de evaluación de la política criminal nacional, frente a la inseguridad ciudadana”.

Esto, “a pesar de que existen Políticas Nacionales de Lucha contra los problemas antes mencionados. Por lo que, consideramos que la propuesta de desarrollo planteada por los proyectos de ley no resulta necesario, consecuentemente”. Por tanto, el dictamen define que las iniciativas legislativas “RESULTAN NO VIABLES”.

ARCHIVAMIENTO

Los integrantes de la Comisión de Justicia también aprobaron por unanimidad (dieciséis) votos a favor) el dictamen recaído en los proyectos de ley 1767/2021 y 1761/2021-PE, que proponen la castración química como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual para fortalecer su prevención y sanción”.

El dictamen concluye con la no aprobación de los mencionados proyectos y ordenar su archivo. Ello porque las propuestas normativas analizadas “no han contemplado las normas nacionales e internacionales referentes a la protección de Derechos Humanos que el Estado peruano está obligado a cumplir”.

“En consecuencia, la castración química como sanción complementaria resulta violatoria de los derechos humanos, y, por tanto, inconvencional en un sistema democrático de Derecho”, se afirma en el documento.

Inmediatamente, se aprobó por mayoría (diecisiete votos a favor, uno en contra y cero abstenciones) el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1851/2021, que propone la “Ley que modifica el inciso 6) del artículo 266, e incorpora el inciso 3) al artículo 286 del Código Procesal Penal, sobre medidas complementarias al mandato de comparecencia en caso de que el imputado sea extranjero.

El dictamen ordena el archivamiento del proyecto de ley analizado debido a que “no cumple con realizar un análisis de constitucionalidad, legalidad y no guarda coherencia con la normativa nacional e internacional vigente sobre la materia, pues todo Estado regula las condiciones de ingreso de los extranjeros, así como establece los motivos de su expulsión, los cuales deben darse bajo la observancia de los lineamientos del derecho internacional”.

EXPOSICIONES

La congresista Adriana Tudela Gutiérrez (AvP) sustentó el proyecto de ley 3669/2022, el cual propone la “Ley que fortalece la labor del INDECOPI para combatir las prácticas anticompetitivas”.

De inmediato, la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (RP) sustentó el proyecto de ley 3186/2022, el cual propone la “Ley que propone modificar el Decreto Legislativo 1297 y propone regular plazos para procedimientos por riesgo, desprotección familiar y adopción”.

Continuó el congresista Alfredo Pariona Sinche (PL) quien sustentó el proyecto de ley 098/2021, que propone la Ley que faculta al Ministerio Público a iniciar denuncias penales sin la declaración del agraviado.

Pariona Sinche, sustentó de inmediato el proyecto de ley 2257/2021, propone la “Ley que agrava el delito de receptación y crea la prohibición de realizar trámites civiles para los ciudadanos que adquieran o utilicen celulares provenientes del delito

Así también, el proyecto de ley 3025/2022, que propone la “Ley que modificar la Ley Nº30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional De Control Del Poder Judicial”.

Seguidamente, el parlamentario Guido Bellido Ugarte (PB) sustentó el proyecto de ley 3811/2022, el cual propone la “Ley que otorga beneficio económico a las víctimas de la represión policial y militar en las movilizaciones sociales por asunción de la señora Dina Boluarte a la presidencia de la República”.

A su turno, el congresista Jorge Morante Figari (FP) sustentó el proyecto de ley 3577/2022, el cual propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1373 sobre Extinción de Dominio”.

Luego, el parlamentario Víctor Flores Ruiz (FP) sustentó el proyecto de ley 3576/2022, que propone la “Ley que implementa medidas adicionales de protección para los menores de edad y adultos mayores, protegidos por la Constitución.

OFICINA DE COMUNICACIONES