Por unanimidad (96 votos), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 6070 y 8381, que plantea disponer la realización de censos nacionales penitenciarios cada cinco años y la ejecución del II Censo Nacional Penitenciario durante este año.

La Representación Nacional decidió exonerar de segunda votación siendo el resultado de 94 votos a favor.

La propuesta dispone la realización de censos nacionales penitenciarios que permitan obtener información estadística sobre la población e infraestructura penitenciaria y que sirvan de insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del sistema penitenciario, así como para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Además, dispone que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realice censos nacionales penitenciarios, con una periodicidad de cada cinco años. Es el órgano responsable de la conducción y ejecución de los censos nacionales, emite las normas técnicas que rigen dichos censos.

Igualmente, el INEI ejecute el II Censo Nacional Penitenciario 2025: Población e Infraestructura Penitenciaria, en el marco de la realización de los Censos Nacionales: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, así como de los censos especiales que se efectuarán en el año 2025.

La congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, dijo que el dictamen plantea disponer la realización del segundo censo nacional de población penitenciaria 2025, para obtener información estadística sobre las características sociodemográficas y situación jurídica de la población penitenciaria.

“Hay que recordar que el primer censo nacional penitenciario se llevó a cabo el 2016, hace 9 años. Desde ese entonces, la crisis penitenciaria o carcelaria se ha agravado, reflejada en los altos niveles de hacinamiento, precariedad y sobrepoblación de personas privadas de su libertad”, expresó.

El legislador Isaac Mita Alanoca (PP), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que el segundo censo nacional de población penitenciaria, será de gran beneficio para los internos.

“Con una adecuada contabilidad de cada uno y las características que vienen cumpliendo, el Estado peruano podrá adoptar nuevas medidas y políticas públicas para garantizar una correcta aplicación de los dispositivos legales que obran en el Código de Ejecución Penal”, consideró.

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