La Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada Perú Libre) aprobó por mayoría (9 votos a favor, 2 en contra y abstención) el dictamen recaído en los proyectos de ley 5684/2023-CR y 13904/2025-CR a fin de establecer la competencia de los juzgados especializados en violencia familiar.

La propuesta busca realizar modificaciones a la Ley N.° 303064, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Precisamente, modificar los artículos 14 y 15 de la Ley N.° 30364 estableciendo de manera expresa la competencia de los juzgados especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, diferenciando dicha materia del ámbito de los juzgados de familia, considerando que este último, a la fecha, viene recibiendo múltiples denuncias contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En consecuencia, el texto refiere que el juez debe ser un especialista en estos temas que son muy sensibles en la sociedad.

La iniciativa parlamentaria nace a raíz de un informe de la Defensoría del Pueblo y aceptado por el Poder Judicial que manifiesta que los jueces de familia que en la actualidad están a cargo de delitos de violencia familiar no están aplicando la Ley por su falta de conocimiento y especialización sobre violencia y su entorno familiar.

Asimismo, la propuesta señala que el Poder Judicial ha implementado varios de estos juzgados especializados en violencia familiar en distritos judiciales a nivel nacional y que ha tenido una respuesta célere y efectiva los últimos años; no obstante, muchos de ellos no necesariamente poseen especialización en violencia de género.

Finalmente, esta modificatoria permitirá la especialización de los operadores de justicia para el tratamiento de esta problemática desde una perspectiva de género distinta a los temas de familia.

FACTORING

En otro punto de agenda, la comisión aprobó por 6 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11040/2025-CR que propone modificar la Ley N.° 29623 que promueve el financiamiento a través de la factura comercial y el código procesal civil, a fin de promover el factoring como alternativa de financiamiento y mayor liquidez para las empresas.
El proyecto de ley propone perfeccionar el marco jurídico vigente mediante dos medidas principales.

1.- Se precisan determinadas disposiciones de la Ley 29623 con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de las facturas negociables limitando los pactos que restrinjan su transparencia y fortaleciendo su mérito ejecutivo cuando se encuentra representada mediante anotación en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores.

2.- Se incorpora en el Código Procesal Civil un proceso único de ejecución acelerado, orientado a permitir una ejecución más célere y eficiente de las facturas negociables. Este procedimiento, establece plazos breves, delimita claramente las causales de contradicción admisibles y contribuye a reducir la carga procesal del sistema de justicia.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Este grupo de trabajo, también, aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley que 13353/2025-CR que plantea prohibir la venta en subasta pública de bienes muebles, inmuebles, objetos, efectos y ganancias incautados como parte del proceso de extinción de dominio o proceso penal declarado judicialmente a favor del Estado.

La iniciativa legislativa propone que dichos bienes recuperados de la lucha contra la criminalidad puedan ser destinados prioritariamente a fines de interés público, como programas sociales, servicios de educación, salud u otras políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Con 7 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 8247/2024-CR, 10120/2024-CR y otros que modifica el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio; y el Código Penal, a fin de perfeccionar el proceso de extinción de dominio.

CUARTO INTERMEDIO

Finalmente, para un mejor estudio y análisis, pasó a cuarto intermedio el predictamen recaído en los proyectos de ley 8342/2023-CR y 11760/2024-CR que modifica el DL 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL