La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside el legislador José Arriola Tueros (Podemos), aprobó diversas iniciativas legislativas que permitirán mejorar la calidad de vida de millones de peruanos que padezcan alguna discapacidad, principalmente a los sectores más vulnerables.

Durante la sesión, se aprobó por unanimidad (12 votos) el dictamen recaído en los proyectos de ley N.° 503/2021-CR y 10889/2024-CR, que proponen la inclusión financiera de la persona con discapacidad severa, y que exonera el cobro de comisiones por operaciones en ventanilla en los bancos y otras empresas del sistema financiero.

El titular del grupo de trabajo dijo que la iniciativa de ley propone promover la inclusión financiera sin discriminación y con igualdad de trato para dicho sector poblacional, con la implementación de mecanismos financieros destinados a la focalización y atención de mujeres vulnerables, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema o padezcan de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial.

En su artículo único, se incorpora al artículo 24-A en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la accesibilidad e inclusión financiera, solicitando a todas las entidades del sistema financiero del país, promueven la inclusión financiera de manera progresiva y permanente para las personas con discapacidad severa, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, entre otras medidas.

ACCESO A MEJORES OPORTUNIDADES

Con la finalidad de mejorar los accesos y oportunidades laborales, se aprobó, por 12 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones, el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa observada de la “Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a fin de establecer una cuota del 2 % de participación de personas con discapacidad en ferias”

La propuesta de ley sugiere que los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales y los organizadores privados o públicos de las ferias están obligados a que, como mínimo, el 2 % de los comerciantes que participen en dichas ferias sean personas con discapacidad o asociaciones o empresas, o cualquier organización conformada por personas con discapacidad, quienes deben cumplir los requisitos mínimos de formalidad exigidos por autoridad competente, entre otras medidas.

AMPLÍAN PROTECCIÓN

También se aprobó, por unanimidad, el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa del PL 4324-2022-CR que plantea de la “Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que propone ampliar la protección de los derechos y el cuidado de la persona con discapacidad y establece medidas de protección”,

La propuesta precisa que el Estado protege los derechos de la persona con discapacidad, promoviéndolos y procurando su desarrollo individual y social. Esta protección es extensiva, en lo pertinente, a los derechos de la persona de quien este dependa o a cuyo cuidado esté y a las organizaciones que promuevan la prevención, desarrollo e integración de la persona con discapacidad.

Otras medidas al respecto están relacionadas a los temas de las atenciones en las comunidades, así como el Estado establece servicios de información, orientación y atención de salud mental dirigidos a la persona con discapacidad, su familia y cuidadores, entre otras medidas de atención y prevención.

ACCESO PREFERENTE A VIVIENDAS

También se aprobó por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3508/2022-CR, 3614/2022-CR y 4019/2022-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para facilitar el acceso preferente de la persona con discapacidad severa y pobreza extrema a una vivienda digna

Se trata de un nuevo texto a la observación del Poder Ejecutivo a la referida autógrafa

La iniciativa de ley propone en su artículo único la modificación del artículo 18 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promoviendo el acceso a viviendas para la persona con discapacidad promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

Se regula el acceso preferente de la persona con discapacidad severa y de pobreza extrema calificada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) a los programas públicos de vivienda a su
cargo, otorgándole una bonificación proveniente del Bono Familiar Habitacional. Estos programas están obligados a ejecutar la construcción de viviendas accesibles para la persona con discapacidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL