En Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados
Aprueban dictamen para fortalecer la vigilancia de la seguridad operacional en la aviación civil
Centro de Noticias del Congreso
17 Nov 2026 | 12:27 h
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por el diputado Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno), aprobó por 14 votos a favor y una abstención, el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 00037-2026-2031-CD, que propone modificar la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, para fortalecer la vigilancia continua de la seguridad operacional basada en riesgos.
Según el texto sustitutorio, se incorporan los artículos 11-A, 11-B y 11-C a la referida ley para establecer que la Dirección General de Aeronáutica Civil desarrolle e implemente una vigilancia con enfoque preventivo sobre las necesidades aeronáuticas civiles y los proveedores de servicios sujetos a su supervisión.
La intensidad, el alcance, la modalidad y la frecuencia de las acciones de vigilancia se determinarán proporcionalmente a los riesgos identificados, considerando las características de las operaciones y el desarrollo de los operadores y proveedores de servicios, sin afectar los estándares mínimos de supervisión exigibles.
Durante el debate, el diputado Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular) respaldó la iniciativa y advirtió que la certificación inicial de los operadores no garantiza que las condiciones de seguridad permanezcan invariables durante sus actividades. En ese sentido, sostuvo que la propuesta debe consolidar la vigilancia continua sin duplicar competencias ni trasladar a la ley de procedimientos que corresponden a los Reguladores Aeronáuticos del Perú.
El legislador propuso presentar los estándares mínimos de supervisión, verificar la adopción y eficacia de las medidas correctivas y evaluar los resultados de la vigilancia mediante indicadores técnicos. Estos aportes fueron recogidos en el texto sustitutorio.
Asimismo, la propuesta establece la coordinación entre Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las entidades competentes para intercambiar información y desarrollar acciones preventivas. Esta articulación deberá respetar la independencia de las investigaciones técnicas de accidentes de aviación y las restricciones legales sobre el acceso, uso y divulgación de información, registros y evidencias protegidos.
El texto dispone que el Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 27261 dentro de los noventa días calendario posteriores a la entrada en vigor de la norma. La DGAC también deberá adecuar las regulaciones aeronáuticas y los instrumentos técnicos de vigilancia conforme a los estándares internacionales aplicables y la normativa presupuestaria vigente.
AL ARCHIVO
En la misma sesión, el grupo de trabajo aprobó el predictamen negativo recaído en la Proposición Legislativa 00307-2026-2031-CD, actualizada del PL 01898/2021-CR, sobre las entidades complementarias del sistema de emisión de licencias de conducir.
Durante su intervención, Luis Quispe Candia planteó la necesidad de un análisis más exhaustivo de la propuesta, al advertir que ya existen entidades que desarrollan actividades vinculadas con el sistema y que debían evaluarse las distintas posiciones sobre la materia.
Asimismo, la comisión aprobó por mayoría, con 15 votos a favor y una abstención, el predictamen negativo recaído en la Proposición Legislativa 00235-2026-2031-CD, actualizada del PL 01418/2021-CR, que proponía modificar la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para extender el periodo de conservación de los registros de llamadas.
Al sustentar el predictamen, Luis Quispe Candia explicó que la iniciativa buscaba ampliar de tres a siete años el plazo mínimo de conservación de los registros de llamadas y facturación, con la finalidad de contar con información para las investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como para los procesos a cargo de los órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, señaló que, de acuerdo con el análisis del predictamen, la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2025 sobre los actos de investigación al presidente de la República y la definición del procedimiento tornaban innecesaria una regulación adicional en los términos propuestos. Por ello, se sustentó la no aprobación y el archivo de la iniciativa.
Finalmente, el diputado Carlos Zegarra Sánchez (Fuerza Popular) sustentó la Proposición Legislativa 00073-2026-2031-CD; que moderniza la formalización predial urbana y mejora el saneamiento físico legal de asentamientos consolidados y la Proposición Legislativa 00073-2026-2031-CD; que moderniza la formalización predial urbana y mejora el saneamiento físico legal de asentamientos consolidados.
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