Un dictamen recaído en dos proyectos de ley que buscan evitar que el combustible denominado ‘carburorreactor’ tipo querosene para aviones de reacción y de turbinas (Turbo A1) sea gravado a partir del 2016 con el impuesto selectivo al consumo, fue aprobado, por mayoría, en la sesión que realizó el miércoles 2 la Comisión de Economía con la presidencia del congresista Modesto Julca Jara (PP), en la sala Grau.

La congresista Natalie Condori Jahuira (DD), una de las autoras de la propuesta, puntualizó que la iniciativa pretende incorporar un segundo párrafo en el artículo 3º de la Ley 28694 que regula el contenido de azufre en el combustible diésel.

Dijo que la citada norma reguladora dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), aprueben anualmente los índices de nocividad relativa a utilizarse a partir del 1 de enero de 2008 y precisa, además, que la reestructuración de la tabla de montos fijos del ISC debería realizarse de forma gradual hasta el 1 de enero del 2016 como máximo, fecha en la que deberán gravarse los combustibles considerados plenamente con el criterio de nocividad.

Anotó que si bien la norma buscaba regular los niveles de azufre contenidos en el combustible diésel y salvaguardar la calidad del aire y la salud pública, ésta no puede aplicarse debido a que no hay un combustible sustituto en el uso de las empresas de aviación, de tal forma que no pueda ser afectada por el ISC. En consecuencia, si se grava este combustible a partir del 2016 se incrementarían los precios de los vuelos nacionales en la proporción del porcentaje del ISC, lo que produciría un perjuicio económico en los viajeros frecuentes y la desincentivación del turismo interno en el país.

Lo expuesto por la legisladora Condori motivó la aprobación, por mayoría, del dictamen que también incluye el proyecto de ley del congresista Luis Galarreta Velarde (PPC-APP).

Dictamen favorable sobre mecenazgo

La Comisión de Economía rechazó el dictamen que recomendaba el archivamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo y Promoción Deportiva y aprobó que se dictamine favorablemente para ser votado en la sesión del 9 de diciembre.

La parlamentaria Leyla Chihuán Ramos (FP), al sustentar su propuesta, explicó que el proyecto tiene por objeto promover el mecenazgo o patrocinio de las personas naturales o jurídicas para la difusión y promoción del deportista, del deportista con discapacidad, entrenadores y el fomento de infraestructura deportiva.

Señaló que las actividades deportivas por financiarse giran en torno a infraestructura (construcción, mejora y equipamiento de espacios destinados al deporte), programas de gestión (diagnóstico, implementación y resultados), contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, pago de primas por seguros particulares e investigación.

Chihuán subrayó que entre los incentivos tributarios  los mecenas o patrocinadores deportivos tendrán derecho a deducir como gasto los aportes efectuados bajo los alcances de la ley hasta un 10% de la renta neta de tercera categoría y hasta un 10% de la renta neta de trabajo y renta de fuente extranjera; estará inafecta de todo tributo la importación de equipos deportivos.

Indicó que para contar con el derecho a deducir gastos, los mecenas y patrocinadores deberán cumplir los requisitos que establecerá la SUNAT. También se fijarán las sanciones administrativas en caso de fraude o simulación.

Preparación para Panamericanos

“Todo esto servirá para afrontar con éxito los Panamericanos que se desarrollará en el Perú en el 2019. Esta propuesta ha sido sancionada en la Comisión de Educación. Por lo que invoco a que se apoye el proyecto que lo único que busca es el futuro del deportista peruano y deporte nacional”, agregó.

El grupo de trabajo también acordó solicitar la desacumulación  del dictamen del proyecto de ley 1114, sobre reformas en la jubilación por adelantado por desempleo en las AFP.

Por su parte, la representante fujimorista Cecilia Chacón de Vettori sustentó, por breves minutos, su proyecto de ley que modifica la Ley de Contrato de Seguro, sobre cobertura de preexistencias dentro del Sistema de Seguros y de EPS, que, según sostuvo, estaba siendo esperado por miles de personas.

Explicó que la modificación que se deseaba incluir precisa textualmente: “La obligación de otorgar cobertura de las preexistencias en los seguros de salud corresponde a cualquier empresa de seguros, aun cuando el cambio se realice de una EPS a una compañía de seguros o viceversa”.

El congresista nacionalista Rubén Condori Cusi manifestó estar en contra de la propuesta, pero en forma inesperada abandonó la sala dejando sin quórum para que se apruebe el proyecto. (jon)

PRENSA-CONGRESO