En Comisión de Energía y Minas

Aprueban dictamen para declarar emergencia ambiental por contaminación del río Tumbes

Centro de Noticias del Congreso

28 May 2024 | 15:09 h

Por unanimidad, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, que preside el congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7091/2023-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del río Tumbes.

“Declárese de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del río Tumbes, por ser un área de grave contaminación ambiental, ocasionando problemas de salud pública, así como de la flora y fauna, como consecuencia de la contaminación del agua, constituyendo un peligro real para la salud de la población, conforme lo establece la Ley 28804, Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental”, se indica en la propuesta.

En la disposición complementaria se indica que se encargue al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Relaciones Exteriores y Salud, disponer las acciones y medidas pertinentes para efectivizar la ejecución de la presente iniciativa.

Al respecto, el congresista Héctor Ventura (FP) dijo que la contaminación en el rio Tumbes se da, sobre todo, por la presencia de la minería ilegal e informal que no tiene adecuadas plantas de tratamientos para sus desechos.

OTROS

En otro momento, con 16 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4854/2022-CR, que autoriza la devolución del concepto de cargo fijo del servicio de electricidad, realizado en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020. También, con 12 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5491/2022-CR, que incorpora el Canon Eólico.

Asimismo, por unanimidad, se aprobó el archivo el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5674/2023-CR, que buscaba fortalecer la prestación de los servicios públicos de energía a fin de impulsar el desarrollo inmobiliario para vivienda.

De acuerdo con la propuesta legislativa, un problema latente sobre las empresas concesionarias eléctricas es que podrían tomarse hasta 360 días para completar la instalación de suministros eléctricos en proyectos inmobiliarios, que afectaría la sostenibilidad de la inversión en ese sector, pues retrasa la conclusión del proyecto e impide la transferencia de los inmuebles a los interesados en adquirirla.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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