La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la legisladora Auristela Obando (FP), aprobó el dictamen del Tratado Internacional Ejecutivo 42/2021-2026, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2027, el acuerdo suscrito con la Organización de Naciones Unidas (ONU), para continuar con la implementación del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú.

La propuesta concluye que el citado tratado cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en los artículos 56, 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política; con lo dispuesto en la Ley 26647, Ley que establece normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano; y con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento del Congreso.

El tratado prevé un incremento del presupuesto general en USD $ 3, 538,947.00 (para un presupuesto total de USD $13,402.804.00) con el fin de continuar con la implementación del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú, entre otras acciones identificadas por la nueva política de gobierno para producir evidencia técnica que sustente la toma de decisiones respecto a la lucha contra las drogas en el Perú.

Al respecto, la presidenta de ese grupo de trabajo, Auristela Obando Morgan, sostuvo que el tratado es un importante instrumento de política exterior de cooperación, que salvaguarda la salud, refuerza la lucha contra las drogas e impulsa las estrategias contra el cambio climático.

El acuerdo denominado “Documento de proyecto Revisión M. Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú, SIMCI — Perú. TDPERG34FPE”, fue ratificado mediante Decreto Supremo 060-2024-RE del 21 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2024.

La suscripción del tratado entre el Perú y la Organización de Naciones Unidas se realizó el 18 de junio de 2002 y ratificado internamente mediante el Decreto Supremo 098-2002-RE, de 21 de noviembre de 2002.

El dictamen fue aprobado por 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

AL ARCHIVO

En la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, también se aprobó por mayoría el decreto de archivamiento del Proyecto de Ley 8914/2024-CR, que proponía la “Ley que prohíbe al Estado otorgar las honras fúnebres al expresidente de la república que haya sido condenado por la comisión de delitos”.

La votación fue de 12 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

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