La Comisión Permanente aprobó por unanimidad, en primera votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Según el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Villavicencio (FP), esta iniciativa legal recoge 25 proyectos de ley y tiene entre sus principales medidas el establecimiento de la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años y el aumento de penas para diferentes ilícitos penales de violación sexual. También –dijo- la modificación de las reglas penales de imprescriptibilidad y la improcedencia de beneficios penitenciarios.

A pedido de los legisladores Lourdes Alcorta (FP), Marisa Glave (NP), Marco Arana (FA), entre otros, se decidió retirar del texto aprobado el pasado 17 de mayo la “medida complementaria de la castración química” para quienes cometan ese delito.

Al respecto, el parlamentario Villavicencio precisó que “si la castración química se establece como pena se estaría vulnerando el principio constitucional de legalidad, ya que se impondría una pena sin estar tipificada en nuestro ordenamiento jurídico penal”

Agregó que juristas y médicos reconocidos a nivel nacional e internacional se han pronunciado en contra de esa propuesta legislativa, y que sus principales críticas están centradas en que sería un costo para el Estado y que se violaría los pactos internacionales sobre derechos humanos, entre otros.

En el debate, las parlamentarias Lourdes Alcorta (FP), Marisa Glave (NP), Luz Salgado (FP) y Gloria Montenegro (APP) destacaron que la propuesta mantenga la cadena perpetua y la imprescriptibilidad para los delitos de violación sexual.

En tanto los legisladores Wilbert Rozas y Marco Arana (FA) incidieron en la necesidad de establecer mecanismos de prevención de estos delitos, así como reforzar la educación y los aspectos de la salud mental.

Puesto al voto, 27 legisladores se pronunciaron a favor de este nuevo texto sustitutorio, cuya exoneración de segunda votación dependerá de la Junta de Portavoces, estimó el presidente Luis Galarreta Velarde.

SEGUNDA VOTACIÓN

Previamente, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación el proyecto de ley N° 1102 que propone modificar la denominación y el artículo 1° de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Villavicencio (FP) manifestó que el dictamen incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos de colusión (384°) y tráfico de influencias (400°) del Código Penal, en el DL 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relativos a la minería ilegal y el crimen organizado.

La propuesta -dijo- recibió la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y derechos Humanos y la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS. 25 parlamentarias se pronunciaron a favor de esta iniciativa, que quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

PRENSA-CONGRESO (AC)

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