El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con 93 votos a favor, el allanamiento planteado por la Comisión de Defensa del Consumidor respecto del Proyecto de Ley N.° 4553/2022-CR, propuesta que la presidenta de la República había observado previamente y que busca modificar el Decreto Legislativo 1280, norma que sustenta la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Con esta decisión, el Parlamento respaldó los ajustes necesarios para incorporar una compensación directa al usuario cuando se produzca una interrupción injustificada del suministro de agua potable o de los servicios de saneamiento.

Durante el debate, la presidenta de la comisión dictaminadora, Katy Ugarte (bancada JP-VP-BM), explicó que el dictamen responde de manera puntual a las observaciones del Ejecutivo. Asimismo, afirmó que la propuesta fortalece la relación entre las empresas prestadoras y los usuarios, dado que obliga a reconocer afectaciones concretas frente a fallas atribuibles al operador.

“Recomienda el allanamiento a la autógrafa de la ley recaída en el Proyecto de Ley 4553/2022-CR”, precisó al sustentar el texto sustitutorio.

En esa línea, el dictamen aprobado modifica el párrafo 24.2 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1280. El nuevo texto dispone que, “De producirse una interrupción injustificada en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento por una causa atribuible a la empresa prestadora, esta compensa al usuario por el tiempo que no contó con los servicios ni le prestó dichos servicios en condiciones especiales. El Reglamento establece la calificación de dichas situaciones”.

Además, el documento incorpora una disposición complementaria final que ordena al Poder Ejecutivo adecuar, en un plazo máximo de 180 días calendario, el Reglamento del Decreto Supremo 009-2024-VIVIENDA a las modificaciones aprobadas para garantizar coherencia normativa y una aplicación eficiente del nuevo esquema compensatorio.

Con esta decisión, el Parlamento reforzó un marco orientado a proteger a las familias frente a interrupciones en los servicios esenciales, al tiempo que fijó obligaciones más claras para las empresas prestadoras y una ruta de implementación a cargo del Ejecutivo.

Vale indicar que tras la aprobación de allanamiento no requiere de segunda votación.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL