La Comisión Permanente aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 328, que acusa a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y a los exministros de Comercio Exterior y Turismo y del Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, respectivamente, por los delitos de rebelión y conspiración en contra del Estado peruano.

Será ahora el Pleno el que decida si eleva ante el Ministerio Público la acusación comprendía en el documento de 77 páginas, preparado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP).

La votación se realizó separando a los tres involucrados, tal como ellos lo solicitaron durante la sesión de la Comisión Permanente. Por el caso de Chávez Chino hubo 24 votos a favor del informe, dos en contra y una abstención. Por el de Huertas Olivas, 19 a favor, siete en contra y dos abstenciones; y por el de Sánchez Palomino, 23 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Asimismo, quedó conformada la subcomisión acusadora ante el Pleno: los congresistas Wilson Soto Palacios (AP) y Camones Soriano, con 20 votos a favor y ocho abstenciones.

El Informe final aprobado comprendió la sugerencia de suspender en sus funciones a los congresistas Chávez Chino (PD) y a Sánchez Palomino (CD-JPP), por la duración del proceso, pudiéndose reincorporar -en caso sean absueltos-, en aplicación de los artículos 89 literal i) y 25 del Reglamento del Congreso de la República.

El congresista delegado, Wilson Soto Palacios (AP), fue quien se encargó de la investigación y quien sustentó el referido informe que refiere que existen hechos y/o conductas cuya existencia no ha sido puesta en discusión, entre ellos, la presencia de los imputados un día antes y el mismo día de la intentona de golpe de Estado en Palacio de Gobierno, no necesariamente en el despacho presidencial.

Que, al momento de la emisión del mensaje a la Nación, se encontraban en el despacho presidencial los denunciados Betssy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y el equipo de transmisión de TV-Perú conformado por Cintya Isabel Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa.

Que, se ha podido determinar al menos una instrucción del expresidente Castillo Terrones al comandante general de la Policía, a través del celular del denunciado Willy Huerta Olivas, a efectos de que ejecute el “cierre del Congreso” y la “detención de la fiscal de la Nación”.

Que, al ser evidente que las FF.AA. y la P.N.P. no acatarían el contenido del mensaje a la Nación, Castillo Terrones, acompañado de Aníbal Torres Vásquez salieron de Palacio de Gobierno, con la familia del primero con rumbo a la embajada de México, siendo detenidos por personal de la PNP al encontrarse en flagrancia.

En el informe final se refiere a cada uno de los exministros involucrados y las responsabilidades que se les imputa, entre ellas, la coincidencia en su reacción tardía de su renuncia al gabinete.

EL DEBATE

En la sesión, conducida por el presidente de la Comisión Permanente, José Williams Zapata, los tres acusados ejercieron el derecho a la defensa en forma directa y a través de sus abogados.

Chávez Chino no se presentó. Su réplica a las acusaciones la hizo a través de su abogado, Edwin Siccha Pérez, quien sostuvo que no existe prueba de que su patrocinada haya coordinado previamente la lectura del mensaje presidencial, que no se sindica cuál fue su rol, y que el video propalado últimamente no refiere nada nuevo a lo dicho por la exministra.

Por su lado, Sánchez Palomino rechazó haber tenido conocimiento previo y participación durante o posterior sobre «hechos graves en horas de crisis que vive el país».

Indicó que en la agenda de Palacio de Gobierno se encuentra en forma pública sus 15 reuniones a las que acudió y actividades realizadas; y negó que sea cierto que hayan sido actividades que no haya sabido explicar, como se señala en el informe.

Su abogado, Domingo García Belaunde, señaló que hay diferencia entre infracción y delito y que la acusación por trascendidos, no conduce a calificar un delito.

Por su lado, el exministro Huerta Olivas se identificó como un hombre de servicio y de fe católica, y, marcando distancia, manifestó no creer que Chávez Chino y Aníbal Torres no hayan sabido del mensaje presidencial, por su cercanía con el mandatario.

“Las reuniones anteriores al golpe siempre fueron para informar de mi despacho ministerial y en ningún momento Castillo Terrones me informó sobre el intento del golpe, porque yo lo habría rechazado”, anotó.

Más adelante, la congresista Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), pidió «votar en paquete» para que el caso pase a la Fiscalía. En esa misma línea se manifestó el congresista Alejandro Soto Reyes (APP).

La congresista Milagros Jáuregui Martínez (RP) indicó que durante año y medio el gabinete ministerial de Pedro Castillo azuzó a la población y que, frente a la propuesta, se debía votar a favor del informe, porque lo contrario sería traicionar al pueblo.

OFICINA DE COMUNICACIONES