La Comisión de Constitución aprobó, por unanimidad de sus integrantes, dos proyectos de ley de reforma constitucional: el primero propone ampliar el plazo de detención preventiva en casos de delitos de crimen organizado; y el segundo, reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional.

            La sesión de hoy martes 15 fue dirigida por el congresista Miguel Torres Morales (FP). La primera propuesta modifica el literal f, del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el sentido que la detención de una persona no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones.

            El detenido, dice la propuesta aprobada, debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas “o en el término de la distancia”. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos que comprende el crimen organizado.

            En estos casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales.

            Sobre el tema hubo dos iniciativas: la primera fue propuesta por la congresista y presidenta del Congreso, Luz Salgado (FP), y la segunda por parte del Poder Ejecutivo. El texto sustitutorio recibió la aprobación de la comisión.           

El presidente Torres Morales destacó la decisión de los parlamentarios de las diversas bancadas por haberse logrado la unanimidad y que la detención se haya ampliado de 24 a 48 horas porque permitirá un mejor trabajo de la PN para recabar las pruebas necesarias.

            Sobre el derecho constitucional de acceso al agua potable tampoco hubo mayor debate. La propuesta inicial partió de la bancada de Frente Amplio, que propuso que se considere ese derecho en  forma progresiva, universal y fundamental, compartiendo este derecho con el de la vida y la salud de la población. Además, se le reconoce como elemento jurídico su carácter de bien público.

            En la sesión realizada en el hemiciclo principal del Congreso, se expusieron también dos iniciativas. La primera, presentada por el congresista Javier Velásquez Quesquén (PAP) que propone modificar el primer párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso sobre inmunidad de arresto y de proceso.

            El artículo señala que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.

            Velásquez Quesquén explicó que esta disposición responde a otros contextos políticos pasados, incluso las prerrogativas congresales se están dejando de lado, y lo que él propone es que los delitos cometidos por los congresistas antes de su elección continúen. Si se cometió antes de ser parlamentario, no debe alcanzar la inmunidad de proceso, remarcó el congresista.

            Precisó que la actual norma ha generado un falso sentido de espíritu de cuerpo entre los congresistas que impide la decisión de los actos de justicia, por lo tanto es conveniente y oportuno que se hagan los cambios.

            El tema, según lo dispuso la presidencia, pasará  al Grupo de trabajo sobre el Reglamento del Congreso para su estudio.

            De la misma forma, el congresista Alberto De Belaunde (PpK) sustentó su proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 203 de la Carta Política y el artículo 99 del Código Procesal Constitucional sobre facultades para interponer acción de inconstitucionalidad del presidente del Poder Judicial.

            Finalmente, el presidente de la comisión invocó a los grupos parlamentarios que se pronuncien sobre el proyecto de reforma constitucional que regula los alcances de la defensa judicial del Estado, especialmente sobre la forma de selección de los procuradores públicos, para que se apruebe sobre la base de un texto consensuado.

PRENSA CONGRESO