Con el voto unánime de 63 congresistas, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, que preside Rosa Mavila.

El informe concluye que existe una creciente presencia del narcotráfico en la vida política nacional, presencia que se acrecienta por la falta de control de los organismos del Estado para enfrentar esta lacra social cuya presencia es cada vez más creciente en todos los ámbitos del país.

Otra de las conclusiones señala que está demostrado el interés de las organizaciones del narcotráfico por influir en la política peruana a través de la formación de organizaciones políticas, el financiamiento de campañas electorales, el lavado de dinero y para asegurar la protección policial, fiscal, judicial y política.

Entre los casos analizados se citó el de los militantes apristas Miguel Facundo Chinguel, exjefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciables; y el de Gerald Oropeza, acusado por delito de narcotráfico. También los de Gilmer Horna, presidente regional de Amazonas; y el de los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el primero de los cuales ocupó la alcaldía de Moyobamba.

El informe indica que se ha podido advertir que las autoridades investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas considerables que hacen presumir la existencia de desbalance patrimonial. Y que se ha comprobado la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que buscan la compra de votos de los electores.

Tres recomendaciones del informe fueron votados por separado y se refieren al de la ‘silla vacía’, la separación automática de los candidatos implicados en delitos de narcotráfico y el que le otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para levantar el secreto bancario de los investigados.

En los tres casos, las recomendaciones fueron aprobadas por mayoría, pese a las objeciones provenientes de congresistas del fujimorismo. En el caso de la ‘silla vacía’ se propone que sea aplicada al parlamentario sentenciado por narcotráfico en primera instancia.  

El informe concluye que dada la vulnerabilidad de los gobiernos regionales y locales es necesario adoptar medidas para impedir la infiltración del narcotráfico en esos organismos. Todo ello en el marco de la debilidad de los organismos de control o su penetración por la corrupción.

También concluye que el interés del narcotráfico por penetrar en la política busca garantizar el libre tránsito de la droga, facilitar el lavado de dinero y la obtención de poder político para garantizar la impunidad.

En ese sentido, Mavila propuso la formación de una comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en las fuerzas armadas y policiales; que exista una política nacional de lucha antidrogas y que los archivamientos de casos sean vistos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Karina Beteta (FP) rechazó la parte del informe que le vincula con actividades del narcotráfico, indicando que los bienes de su cuñado, desaparecido en 1995, recién le fue entregado a su hermana el año 2000 y que no se le puede acusar, por ello, de lavado de activos. Su colega María López Córdova también solicitó que se retire del informe la parte que la involucra en las investigaciones por lavado de activos.

Jaime Delgado (D y D) preguntó qué hace el Estado por las autoridades en las que tiene presencia el narcotráfico y que son sometidos a su influencia, pues de lo contrario su vida corre peligro. Lamentó además que se haya observado la norma que prohibía la entrega de regalos en las campañas electorales.

Luz Salgado (FP) cuestionó la propuesta para el seguimiento patrimonial de los candidatos a cargo de la Contraloría, porque ese organismo controla los gastos del Estado pero no los ingresos de los privados. Martha Chávez planteó también observaciones a las conclusiones.

Manuel Dammert (AP-FA) preguntó por qué no se controla el envío de insumos a la zona del VRAEM o la utilización de buzos para el envío de drogas a través de buques anclados en el Callao. Juan Pari (DyD) cuestionó la debilidad del Estado y pidió una reforma institucional para enfrentar la lacra social.

PRENSA-CONGRESO*

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