La Subcomisión de Control Político, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), escuchó a los representantes del Ministerio Público la posición de dicha entidad sobre el Decreto Legislativo 1605, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal y permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia.

Dicha norma fue publicada el pasado 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano y, según la propuesta, busca optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.

Sin embargo, en la sesión de hoy, el fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Alcides Chinchay Castillo, consideró que la Policía no puede tener un poder omnímodo y no estar sujeta a ningún tipo de control durante las indagaciones que realizarán.

“Se está abriendo un espacio sin control a la Policía, el cual no puede ser verificado ni supervisado por el fiscal, que evidentemente da margen a que haya corrupción (…). El policía puede decidir negociar o no con la persona que está intervenida”, manifestó el representante del Ministerio Público.

A su turno, Alonso Peña Cabrera Freyre, fiscal provincial titular, sostuvo que la Fiscalía es la institución llamada a calificar los hechos delictivos porque es la titular de la acción penal y es quien define el tipo de delito por el que se debe acusar un delincuente.

“La formación jurídica la tienen los fiscales y son quienes definen -en una investigación- la situación jurídica de los involucrados (…) no tiene sentido que la Policía realice esa función y presente un informe que finalmente no será vinculante”, acotó.

Durante el debate, la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) sostuvo que la Constitución es clara sobre las funciones de la Policía, que debe velar por el orden interno, prevenir y combatir la delincuencia.

“La Policía pertenece al Poder Ejecutivo y debe elaborar sus políticas contra la criminalidad, pero de ninguna manera puede ser el titular de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público, que es el encargado de la investigación de delito, del hecho concreto y de la acción punible”, alegó la legisladora.

En la sesión también debieron participar los ministros de Justicia y Derechos Humanos; del Interior, Eduardo Arana y Víctor Torres, respectivamente; sin embargo, pidieron reprogramar sus invitaciones.

En otro momento, la Subcomisión de Control Político aprobó diversos informes sobre la legalidad de decretos supremos de estados de excepción, decretos legislativos y tratados internacionales ejecutivos.

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