Los congresistas Yonhy Lescano (AP), Marisol Espinoza (APP) Marisa Glave y Oracio Pacori (Nuevo Perú) coincidieron en señalar que los términos en los que se plantea el proyecto de ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, avala a las empresas y a su accionar delictivo, ya que mediante la figura de la colaboración eficaz y la reactivación económica se les da un escenario de ‘borrón y cuenta nueva’. 

Fue durante el amplio debate del proyecto de ‘Ley 2408/2017.PE, enviado desde el Poder Ejecutivo que reemplazaría al Decreto de Urgencia Nº 003 y que fuera analizado en sesión conjunta de las Comisiones de Justicia y Derechos Humano, y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presididas por los legisladores Salvador Heresi (FP) y Guido Lombardi (PPK), respectivamente. 

El proyecto del Ejecutivo propone el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción en el marco de la lucha contra la corrupción e incluye no solo a las empresas condenadas por casos de corrupción o que hayan admitido este delito, como es el caso de Odebrecht, sino también a las empresas consorciadas o asociadas a las condenadas, así como a las investigadas por actos ilícitos, creando para ellas la figura de colaboración eficaz para las personas jurídicas que hayan sido utilizadas y hayan participado en dichos actos ilícitos. 

El legislador Yonhy Lescano al respecto sostuvo  que se ha proscrito los principios y normas que establecen que las empresas de probada corrupción vuelvan a contratar con el Estado. 

Reafirmó la necesidad de dar celeridad a las normas que garanticen una lucha eficaz contra la corrupción y solicitó se retire de dicho proyecto la cuarta disposición complementaria sobre ‘incentivos a la colaboración eficaz’ porque – dijo – bajo este pretexto se permitirá a las empresas corruptas volver a contratar con el Estado. Un funcionario que colabora para conseguir beneficios de reducción de penas, sigue siendo un funcionario corrupto, indicó. 

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, sostuvo que el proyecto busca reemplazar el Decreto de Urgencia 003 y con ello que se garantice el pago adelantado de la reparación civil de empresas vinculadas en corrupción. Asimismo, sostuvo la necesidad de crear un flujo económico para que la economía del país no se paralice, ‘ese es el propósito de la figura de colaboración eficaz’, explicó. 

El legislador Miguel Torres (FP), exigió la presencia de los representantes de los trabajadores durante la sesión conjunta desarrollada en el Hemiciclo del Congreso. El sector, especialmente el de construcción civil, fue uno de los más afectados y es el gran ausente en esta discusión, sostuvo. 

Atendiendo el pedido de Torres, se hicieron presentes los dirigentes representantes de la CGTP,  Villanueva Carbajal, Bravo y Escalante para manifestar su total apoyo a toda medida que se implemente contra la corrupción. 

El gremio de Construcción Civil ha sufrido las medidas derivadas del DS 003. Somos más de 100 mil trabajadores afectados que exigimos se aplique la figura de responsabilidad social para cumplir con nuestro sector, dijeron al tiempo de pedir protección del Estado y del Congreso para el sector de trabajadores del país. 

Miguel Torres pidió asimismo, que el proyecto planteado contemple expresamente sanciones para empresas involucradas en actos de corrupción, mientras que la legisladora Marisol Espinoza (APP) recordó que gracias a la falta de sanciones, actualmente empresas como JJ Camet, siguen realizando obras en el norte del país. Observó que mediante el proyecto en discusión se pretenda dar facilidades a más de 30 empresas que estafaron al país. Lourdes Alcorta (FP) a su turno, calificó la aplicación  del DS 003 como un rotundo fracaso. 

El legislador Pedro Olaechea (PPK), sostuvo que es necesario determinar los flujos económicos porque los bancos no saben cuáles serán las sanciones por estafar al pueblo peruano. La corrupción nació con patente de corso en el Perú, afirmó. 

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, explicó el sistema de fideicomisos de garantía planteado en el proyecto, mediante el cual en un plazo de 90 días hábiles las personas jurídicas a las que se le ha iniciado investigación fiscal por la presunción de delitos de corrupción o lavado de activos en el desarrollo de proyectos de inversión pública, deben constituir un fideicomiso de garantías sobre los activos, bienes, derechos, acciones o participaciones cuyo valor de manera conjunta o individual sea igual o superior al monto estimado para coadyuvar al futuro pago por reparación civil.(EPA)

 PRENSA-CONGRESO

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