El incumplimiento de las municipalidades de Loreto en asignar el 5 % del canon petrolero para obras en las comunidades nativas y rurales, a través del mecanismo de núcleos ejecutores, entre otros temas, fueron analizados el lunes 7 en una reunión de trabajo realizada por el despacho de la senadora Mirtha Vásquez Chuquillin (Ahora Nación).

En la cita participaron representantes de diversas organizaciones indígenas de Loreto donde los dirigentes informaron que las 28 municipalidades del ámbito petrolero de la región estarían cometiendo el delito de omisión de funciones al negar sistemáticamente el derecho de las comunidades a implementar la figura del núcleo ejecutor.

De igual forma, señalaron que existe una inacción de la Contraloría General de la República al no fiscalizar ante la comisión de un delito flagrante y documentado, no se advierten apertura de procedimientos sancionadores eficaces, no se formulan denuncias penales por omisión de funciones, no se dictan medidas coercitivas ni se exige el cese inmediato de la negación.

“Gracias por recibirnos en el Parlamento y escuchar nuestras demandas. Las 28 municipalidades del ámbito petrolero de Loreto nos han negado sistemáticamente la implementación de esta figura, privando a nuestras comunidades del derecho a ejecutar obras con nuestras propias manos, concentrando el gasto en aparatos municipales con probada incapacidad técnica y evidente motivación de ‘clientelaje’ y contratos para elaborar proyectos que no son de utilidad para nuestra comunidad nativa”, manifestó Tito Sajami Andrade, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Requena (FECONAPRE).

Al respecto, la senadora Mirtha Vásquez señaló que pese a la flagrancia del delito y a la existencia de dichos controles, las invocaciones y denuncias por parte de los dirigentes nativos, no hay una respuesta adecuada de parte de la Contraloría regional que habría adoptado una actitud pasiva y contemplativa frente a un delito que su propia institución certificó.

“Pese a que existe el Decreto Supremo N.° 079-2009 que reconoce el derecho de las comunidades organizadas a ejecutar directamente obras y servicios públicos en su ámbito, generando empleo local, transferencia de capacidades y control social del gasto, la Contraloría no ejerce su rol como tal. Desde el Senado, vamos hacer las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a las normas para este caso y solicitar sanciones a los funcionarios y autoridades por no actuar con la debida diligencia que corresponde”, expresó.

También participaron de la reunión Gerly Nashnato Tamani, de la Federación de Comunidades el Bajo Tigre, Harodi Figueroa Conquinche, de la Federación de Comunidades Nativas de Curay, José Vargas, de la Comunidad Nativa de Río Marañón Saramuro, Segundo Navarro de la Organización Nacional de Justicia Especial de Pueblos Indígenas y Campesinos, entre otros representantes quienes dieron a conocer las dificultades que vienen padeciendo en relación con este tema que los afectas social y económicamente.

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