La posibilidad de que los aportes a los fondos de vivienda policial y militar sean reducidos del 5 al 3 por ciento de las remuneraciones de dicho personal quedó planteada en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que analiza un proyecto legal del congresista Yonhy Lescano (AP-FA) que plantea que los aportes sean opcionales.

En la sesión se hicieron presentes los responsables de los fondos de vivienda policial y militar, el general PNP Víctor Meza, el coronell EP Víctor Torres, entre otros, quienes se mostraron de acuerdo con la reducción de los aportes, pero no con la iniciativa que declara que los aportes sean voluntarios, porque eso, dijeron, desfinanciaría a las instituciones que ya no podrían cumplir con su objetivo.

En el debate intervinieron los congresistas Daniel Mora (PP), Luz Salgado, Octavio Salazar (FP), Lourdes Alcorta (CP), entre otros, quienes se mostraron de acuerdo con la posibilidad de reducir el porcentaje aunque plantearon la necesidad de realizar un estudio actuarial para conocer la viabilidad de los fondos de vivienda, el número de beneficiarios, la posibilidad de reintegrar los aportes, entre otros asuntos.

Tras el intercambio de opiniones, el presidente de la Comisión, Emiliano Apaza (GP) dio un plazo de dos semanas a los representantes de los fondos para que presenten sus estudios, lo que permitirá concluir con el debate de la propuesta legal.

Al inicio de la sesión, las congresistas María Cuculiza y Luz Salgado denunciaron que el sindicato de enfermeras del Ejército denunció el no pago del servicio de guardias hospitalarias en los meses de setiembre y octubre pasado, por lo que reclamaron una explicación del Ministerio de Defensa.

Por su parte, Lourdes Alcorta pidió que se conmine a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda, para que se presente ante la Comisión para explicar el caso de los jueces que liberan a narcotraficantes, pues, dijo, ha desistido de acudir hasta en tres oportunidades argumentando “que no tiene tiempo”.

En tanto, Salgado reiteró su pedido para que el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, informe sobre la construcción del hospital en la zona del VRAEM, solicitud que el ministro se comprometió a entregar hace unos meses.

Por su parte, Manuel Merino de Lama (AP-FA) denunció que los pescadores peruanos siguen sufriendo actos de piratería de parte de embarcaciones ecuatorianas, debido a que la Marina afirma que no tiene recursos para movilizar las patrulleras en las zonas de frontera.

Merino también denunció que la policía y la SUNAT vienen actuando contra los comerciantes de las zonas de Aguas Verdes, pues solo permiten que los consumidores adquieran productos que no excedan los 157 soles, pues, de lo contrario, lo decomisan, perjudicando a pobladores cuya principal ocupación es el comercio en una zona que carece de fuentes de trabajo.

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