La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Isaac Mita Alanoca (PL), organizó una mesa de trabajo que abordó el predictamen de los proyectos de ley 950/2021-CR, 4172/2022-CR, 7124/2023-CR y 8393/2023-CR, que proponen la Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para regular el sistema garantista en los procesos penales.

La propuesta, plantea la modificación de los artículos 36, 69, 384 y 399 del Código Penal, Decreto Legislativo 635.

Para conocer la opinión técnica de los sectores involucrados se convocó a los especialistas Escarlet Laura Escalante, fiscal superior; Jimmy Vargas Lavado, fiscal adjunto, ambos del Ministerio Público, junto a Renzo Salcedo Atiquipa, analista legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los abogados Pedro Alva Monje y Karl Borjas Calderón.

A su turno el presidente del grupo, sostuvo que en la normativa vigente se aprecia que no existe un criterio respecto a la defraudación en el delito de colusión simple.

“Esto puede entenderse solo como un acto que viola la transparencia, la neutralidad, la imparcialidad o lealtad del funcionario, o podría entenderse que defraudar implica más que eso, es decir, que además deberá ponerse en peligro el patrimonio estatal, así según la interpretación que se siga, algunos actos serán típicos y otros impunes”, refirió Mita Alanoca.

Agregó además otras interpretaciones y temas que se deben evaluar para ser considerados en el texto sustitutorio de los referidos proyectos de ley:“Otro tema a analizar, es la responsabilidad como actores del delito por colusión, dado que no tienen competencia en razón de su cargo”.

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