En sesión extraordinaria, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que preside el congresista Alfredo Azurín Loayza (SP), evaluó el estado situacional en materia delictiva de los departamentos de Tacna, Arequipa y Moquegua.

En el auditorio del Gobierno Regional de Tacna, se hicieron presentes diversas autoridades regionales, provinciales y locales, así como representantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público de las jurisdicciones en mención.

Al respecto, Azurín Loayza comentó que es necesario y urgente conocer las incidencias delictivas de la parte sur del país, así como articular esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno.

Cabe señalar que la sesión contó con la presencia del parlamentario Isaac Mita Alanoca (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y representante del departamento de Tacna.

Precisamente, el jefe de la Región Policial Tacna, general Arturo Valverde, informó que, a la fecha, se han registrado 143 denuncias policiales por robo, 569 hurtos y que la tasa de feminicidios ha aumentado. Asimismo, realizaron 1278 detenciones, incautaron 23 armas de fuego y desarticularon 52 bandas criminales.

Mientras que, en Arequipa, el jefe de esa región policial general Olger Benavides, expresó que se han presentado más de 6 mil denuncias por violencia familiar en lo que va del año. Además, con relación a la incidencia delictiva, el número de robos es de 1002, 3500 hurtos y 178 denuncias por extorsiones.

Al respecto del alto índice de violencia familiar, el presidente de la comisión consultó qué programa venía implementando la Policía con el gobierno regional y alcaldes para frenar esta situación.

Finalmente, el secretario de la región policial Moquegua, destacó que este departamento presenta la menor tasa en inseguridad ciudadana, en lo que se refiere a delitos contra la fe pública, violencia familiar, tráfico de drogas, feminicidio, entre otros casos.

Por parte del sector justicia, los fiscales de las jurisdicciones participantes coincidieron en que su principal problemática era la falta de presupuesto para, por ejemplo, implementar unidades de flagrancia.

“El cuello de botella está en el presupuesto, ese es el problema a nivel nacional. Existe un 30 % de reos que se encuentran sin sentencia por el hacinamiento de los penales”, señaló el legislador Isaac Mita.

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