Con el objeto de acceder a información actualizada de las intervenciones del Estado en infraestructura educativa, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria, organizó la mesa de trabajo «El acceso a la educación de calidad y cierre de brechas de infraestructura educativa».

La titular de ese grupo especial, Esmeralda Limachi Quispe (JP-VP), sostuvo que a pesar de que apenas se inicia el año, se hace necesario monitorear y mapear desde el Congreso las acciones que se realizan para iniciar un buen año educativo 2025 en todo el territorio nacional.

Limachi Quispe informó que ha viajado a diversas regiones y “hemos constatado que todas las instituciones educativas requieren algún tipo de intervención en su infraestructura; y lo más crítico es que hay instituciones educativas que han sido declaradas en emergencia, e incluso inhabitables”.

Es más, continuó, “se encuentran en situación de alto riesgo, muchas de ellas están en el norte del país, y requieren intervención inmediata del Estado”.

“Según el portal de Transparencia, de los 55358 locales que existen a nivel nacional, solo 4087 se encuentran con la brecha cerrada. Esto significa que 51 271 escuelas, el 92.62 % del total, requieren algún tipo de intervención en su infraestructura”, detalló.

En la mesa participaron la especialista del Ministerio de Educación, Gloria Valdeiglesias García; el gerente de servicios públicos, Luis Castillo Torrealba, y el subgerente de servicios educativos, Flavio García Esquivel, ambos de la Contraloría General de la República; y el defensor adjunto (e) del Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, Abraham Rojas Jara.

También, otros funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de los gobiernos regionales del Callao, Arequipa y Cusco.

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