La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside la congresista Mirtha Vásquez Chuquilin (FA), aprobó, por unanimidad, una iniciativa legislativa que tiene como fin mejorar y ampliar la labor social en los comedores populares del país.

Se trata del predictamen recaído en los proyectos de Ley 3803/2018-CR, 5169/2020-CR y 5549/2020-CR que, mediante un texto sustitutorio, propone la Ley que modifica Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 29972, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ampliar el apoyo o atención alimentaria temporal ante desastres naturales o emergencia sanitaria y optimizar la labor de los comedores populares.

La iniciativa prevé otras actividades adicionales que se podrán desarrollar en el mismo local de los comedores, donde se podrán realizar labores productivas de creación de bienes o servicios que permitan generar ingresos adicionales para los integrantes de los comedores, que les permitan aliviar su economía familiar.

“Es necesario apoyar a los comedores, más aún en las circunstancias actuales que vivimos todos por efecto del coronavirus, y la crisis económica que hoy atraviesan la gran mayoría de peruanos. Es necesario abrir más comedores que permitan amortiguar la crisis actual. Debemos ser más inclusivos que asistencialistas”, manifestó la legisladora Lusmila Pérez (APP).

Otro beneficio es la generación de nuevos puestos de trabajo, pues se requerirá de personas que presten diversos servicios de atención incluyendo a las personas con discapacidad. Este beneficio no quedaría solo en la generación de puestos de trabajo, sino que además existirán más personas con ingresos que a su vez mejorarán la calidad de vida de sus familias, incrementarán el consumo de bienes y servicios en el mercado, fomentando la dinámica económica y la tributación estatal.

Los parlamentarios María Retamozo Lezama (Frepap), Lusmila Pérez Espíritu (APP), José Núñez Salas (PM), Matilde Fernández Florez (SP), Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap), y Mirtha Vásquez (FA), entre otros representantes, coincidieron en señalar la importancia de esta iniciativa y que es necesario mejorar la calidad de vida de la personas y su familia, generar empleo, y aliviar la carga económica estatal y familiar, entre otros aspectos relacionados a las actividades de los comedores en el país.

También se prevé establecer iniciativas ciudadanas para el apoyo a los comedores populares en el marco de la emergencia sanitaria y cuando exista desastres naturales o emergencias afines.

EXPOSICIÓN DE FUNCIONARIOS

En la segunda parte de la reunión de trabajo, se presentó Marco Gamarra La Barrera, presidente del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), quien dio a conocer las políticas y medidas a implementar durante su gestión, en favor de ese sector de la población.

“Trabajamos para garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, generando condiciones en su entorno que, superando brechas y eliminando obstáculos, les permitan ejercerlos en igualdad de condiciones que las demás. Agradezco la invitación de la Comisión de Inclusión Social, que nos permite dar a conocer nuestra labor institucional como CONADIS”, refirió el funcionario.

Seguidamente, Dante Carhuavilca Bonett, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer información de la situación de personas con discapacidad relativas a las características de la población y acceso a diversos servicios, entre otros aspectos vinculados a este tema.

También brindó cifras estadísticas relacionadas al acceso de las personas con discapacidad a los servicios básicos como educación, salud, trabajo, servicios de internet. De igual forma, personas con discapacidad según edades y los niveles de educación. Asimismo, refirió que, según los censos 2017, habría más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, que representaría el 10,3% de la población del país.

En la última parte de la reunión, se presentó Isabel Cotrina Urteaga, directora Ejecutiva del Programa Nacional CONTIGO, del Ministerio de Inclusión Social, quien dio a conocer alcances de la pensión no contributiva otorgada por dicha institución a las personas con discapacidad.

La funcionaria, refirió que uno de los objetivos de su institución es otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado, a las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

“Nuestro programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema, y como propósito, generar capital humano en hogares en pobreza en corresponsabilidad Estado-Hogar», manifestó.

Lima, 20 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO