La Comisión de Inclusión Social y personas con Discapacidad que preside el congresista Roberto Kamiche (Cambio Democrático –Juntos por el Perú),  aprobó por unanimidad  el predictamen recaído en los proyectos 2794 /2022-CR y 2753/2022-CR, que propone ampliar la accesibilidad al entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones a favor de las personas con discapacidad visual.

La finalidad de la iniciativa es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a su desarrollo en la vida social, a través de la implementación de semáforos sonoros; pavimentos podotáctiles; rampas, barandas y pasamanos en instituciones que brindan u ofrecen servicios al público; placas Braille de orientación y señalización en edificaciones públicas y privadas; empaque en sistema Braille de alimentos procesados de primera necesidad y de medicinas; e impresión en sistema Braille del documento nacional de identificación (DNI).

Para la Organización Mundial de la Salud la discapacidad visual es aquella referida a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y, de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados, es decir es una afección que significa la disminución total o parcial de la vista, y generalmente cuando se hace referencia a la ceguera o deficiencia visual.

Kamiche Morante recordó que en el Perú está vigente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, desde 2008, que  obliga a los Estados a que adopten medidas para que se asegure el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico y urbano.

La ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad, también reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un transporte accesible.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013, señala que la accesibilidad viene a ser una condición previa para que las personas vivan de manera independiente y puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad, pero una gran barrera es la que existe en el acceso al entorno físico, transporte, información y comunicaciones (sistemas y tecnologías) así como a servicios e instalaciones abiertas al público, es por eso que las personas con discapacidad no tienen igualdad de oportunidades de participación en la sociedad.

La iniciativa contempla que será el Estado el que garantice a las personas con discapacidad visual, el acceso al entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones,  adecuando progresivamente las infraestructuras existentes. Se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES