La Comisión investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas, que preside el legislador Héctor Valer Pinto (SP), tendrá un plazo adicional de 60 días hábiles para culminar la investigación y presentar su informe final correspondiente.

Así lo acordó, esta mañana, el Pleno de la Representación Nacional con 80 votos a favor, 10 en contra y 15 abstenciones.

El pedido fue sustentado por el presidente de este grupo especial. Detalló que la teoría del caso es que existirían tres organizaciones criminales, supuestamente integradas por funcionarios, servidores públicos y personal de confianza, ubicados estratégicamente dentro de la organización del Poder Ejecutivo, con la finalidad de facilitar la obtención de buenas pro a favor de las empresas chinas, dentro de los procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y Provías Descentralizado.

“Hemos determinado que existen 93 obras por el valor de 9 131 millones de soles contratadas con empresas chinas. De ese total, la comisión investigadora ha determinado un aproximado de 33 obras paralizadas y otras en arbitraje y suspendidas en todo el país”, sostuvo Valer.

Agregó, que se ha encontrado que aproximadamente por un monto de 58 millones existen empresarios peruanos posiblemente estafados por las empresas chinas. “Los representantes de estos pequeños empresarios alcanzan aproximadamente a 220 pequeñas empresas en diferentes partes del país”.

El parlamentario finalizó su intervención solicitando la ampliación de plazo de investigación a fin de terminar el informe final y hacer el seguimiento de la ruta del dinero. Aseveró que la comisión aún se encuentra a la espera de algunas resoluciones del Poder Judicial, el allanamiento de viviendas y oficinas y la declaración de exfuncionarios que estarían involucrados en el caso, que a la fecha no se han presentado.

En el debate los legisladores Carlos Alva Rojas (NaA), Edwin Martínez Talavera (NaA), Germán Tacuri Valdivia (BMCN) y Roberto Sánchez Palomino (CD-JPP), se mostraron a favor de la solicitud, coincidiendo en su preocupación por la actual Ley de Contrataciones del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL