A fin de que pueda continuar con las indagaciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe preliminar de la comisión “Lava Jato” mediante el cual solicita una ampliación de plazo por 360 días calendario. El acuerdo fue tomado en la sesión del miércoles 27, con 85 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

“Se trata de una mega investigación que contempla 41 proyectos por más de 52 mil millones de soles con un sobre costo de 11 mil millones de soles”, argumentó la congresista Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión Investigadora al sustentar su pedido, motivo por el cual pidió la ampliación del plazo de investigación.

Al momento del debate, el congresista Alberto Quintanilla Chacón (FA) sugirió que el informe sea puesto en conocimiento de los legisladores a fin de que puedan decidir la votación respectiva.

“Pasemos a sesión reservada si es necesario y que nos informen lo que están solicitando. Es un año más de investigación lo que están pidiendo, no podemos aprobar así estos informes”, dijo el legislador.

En respuesta a ello la presidenta del Parlamento Nacional, Luz Salgado Rubianes, explicó que el tema fue tratado en Consejo Directivo con la participación del vocero de la bancada del legislador Quintanilla.

“Esto ya se vio en el Consejo Directivo, ya se vio y se está trayendo al Pleno para su votación. Yo entiendo que puede haber discrepancias entre ustedes pero deben ponerse de acuerdo”, dijo Salgado Rubianes.

En otro momento, con 73 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el informe preliminar mediante el cual se solicita la ampliación del plazo, por un período de 180 días hábiles, para que continúe con sus investigaciones la comisión encargada de investigar los procesos de selección de los procesos de selección de la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, Gaseoducto Sur peruano, contrato de exportación del Gas de Camisea y la modernización de la Refinería de Talara.

La sustentación estuvo a cargo de su presidente, el congresista Daniel Salaverry Villa (FP).

Igual suerte tuvo la comisión investigadora encargada de determinar las responsabilidades de los funcionarios y personas naturales e instituciones públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano, al conseguir una ampliación de plazo por un período de 90 días hábiles. Fue con 79 votos a favor.

El pedido lo hizo su presidente, el congresista César Villanueva Arévalo (APP) al exponer el informe preliminar que sustenta la petición.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

En otro momento, con 94 votos a favor, fue aprobado el Proyecto de Ley 1012 mediante el cual se propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación, protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral, departamento de Lima. La propuesta fue presentada a iniciativa de la congresista Gladys Andrade Salguero (FP).

Al sustentar la propuesta, el congresista Francisco Petrozzi Franco (FP) dijo que Rupak es uno de los restos más atractivos de Lima, llamado el Machupicchu limeño porque se sitúa en la cima de la montaña y tiene un alto grado de conservación.

“Este sitio arqueológico recibe a 3 mil visitantes al año pero no puede recibir visitantes de forma masiva”, dijo el legislador tras lo cual advirtió que la propuesta no irroga gasto porque se asumiría con su propio presupuesto y sería muy beneficioso para la provincia de Huaral.

REGIMEN LABORAL DE SBS Y BCR

Previamente fueron debatidos los Proyectos de Ley 977 y 1129 mediante los cuales se propone precisar el régimen laboral del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus trabajadores.

El congresista Percy Alcalá Mateo, vicepresidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera explicó que las iniciativas pretenden el fortalecimiento institucional con la exclusión de la Ley Servir. “Considerando la naturaleza de sus funciones y por constituir una carrera teniendo en cuenta su progresión se deben regir por la actividad privada”, dijo el legislador.

La propuesta ameritó un debate donde participaron los congresistas Mauricio Mulder, Marisa Glave Remy , Indira Huilca Flores, Alberto Quintanilla y Manuel Dammer Ego – Aguirre , de Frente Amplio, quienes consideraron en que no sería conveniente un trato diferenciado para estas instituciones y además dejaron en claro que no se puede hacer lo contrario a lo que señala el Tribunal Constitucional al respecto. Dammert dijo que se trata de una norma inconstitucional y antidemocrática.

Por su parte, el congresista Mauricio Mulder Bedoya (APRA) advirtió que si se aprueba la propuesta para beneficiar a la SBS y al BCR se podría generar un efecto espejo y otras entidades también podrían hacer lo mismo y, finalmente, la Ley Servir “no serviría para nada”.

A su turno, la congresista Marisol Espinoza Cruz (APP) dijo que la propuesta refleja no sólo una gran discriminación en el sector publico sino una “gran negociación” porque mientras algunos reclaman un bono, como los maestros, el Congreso tiene que aprobar una iniciativa que va ampliar la brecha laboral. “Por eso creemos que es un acto de discriminación, la Ley Servir va a terminar perforada. Que el dictamen vaya a la Comisión de Trabajo”, concluyó la legisladora.
Por su parte, el congresista Carlos Bruce Montes de Oca (PPK) dijo que es importante la labor del BCR y de la SBS, pero consideró que deben continuar en el ámbito técnico que tienen. “Deberían continuar como están”, remarcó el legislador tras aclarar que la propuesta fue presentada por las mismas instituciones y no por el gobierno.

Finalmente a solicitud del congresista Percy Alcalá Mateo, la propuesta paso a un cuarto intermedio. (RMD).

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