Amplían plazo de moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas

Centro de Noticias del Congreso

15 Abr 2021 | 22:18 h

El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que propone establecer la moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas.

En su primer artículo la propuesta establece la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas por el plazo de un año, la moratoria no alcanza aquellas universidades que cuentan con licencia institucional denegadas y las establecidas en la Ley 30597.

En su segundo artículo, sobre moratoria para la creación y licencias de filiales de universidades públicas y privadas, establece la moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas por el plazo de tres años, solamente podrán solicitar licenciamiento de filiales de las universidades públicas licenciadas.

El presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses Guzmán (SP), sustentó el proyecto de ley, que señala que la propuesta fue presentada en el 2020 y proviene del Poder Ejecutivo en la que solicitaba la moratoria por un año, es decir, vence en abril del 2021.

«Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, donde solicitaban la moratoria en abril de este año, por ello, en la Comisión de Educación se propuso un nuevo texto en el que se prorroga a dos años para la creación de universidades y tres años para la creación de filiales», expresó.

En otro momento, indicó que el proyecto de ley con texto sustitutorio, de convertirse en ley, no irroga gasto adicional en el presupuesto del sector público, toda vez que los actores involucrados cuentan con el presupuesto asignado por el Estado, además viabilizará posibilidades de atender a corto plazo y mediano plazo las necesidades de seguir brindando los servicios educativos universitarios.

Previamente, el Parlamento Nacional rechazó, con 58 votos en contra, 49 a favor y 4 abstenciones, una cuestión previa planteada por los parlamentarios César Gonzales Tuanama (DD) y Jorge Vásquez Becerra (AP), el cual proponía que dicho dictamen regrese a la Comisión de Educación para un mejor análisis.

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