El Pleno del Congreso aprobó por mayoría ampliar por 50 días hábiles el plazo de funcionamiento de la comisión investigadora encargada de evaluar la ejecución presupuestaria de los programas sociales, organismos públicos descentralizados y organismos supervisores, creada mediante la Moción 12845, con el objetivo de culminar las actuaciones pendientes y emitir su informe final.

La presidenta de dicho grupo de trabajo, la congresista Katty Ugarte Mamani (bancada JP-VP-BM), sustentó que la ampliación responde a la magnitud de los hallazgos preliminares y a la necesidad de esclarecer el uso de los recursos públicos en sectores sensibles para la población.

Precisó que uno de los principales hallazgos de la comisión se relaciona con la fiscalización del Programa Nacional de Alimentación Escolar, anteriormente denominado Qali Warma, donde se detectaron deficiencias en la gestión presupuestal a lo largo de toda la cadena operativa, desde la contratación hasta la distribución y recepción final de los alimentos.

Según el informe, los cambios de nombre del programa no han garantizado mejoras reales, pues persisten fallas estructurales que impactan directamente en la salud pública.

Se registraron casos de intoxicación en regiones como Amazonas, Piura y Puno, donde 100 escolares fueron hospitalizados por presunta intoxicación alimentaria.

Además, la Contraloría General de la República ya había advertido en 2017 que 1,600 instituciones educativas presentaban deficiencias relevantes en este sistema.

La comisión también identificó problemas en el Programa del Vaso de Leche y el Programa de Complementación Alimentaria, donde se evidenciaron brechas severas entre el presupuesto asignado y su ejecución efectiva en aproximadamente 1,000 municipalidades.

El grupo de trabajo señaló que, pese a contar con presupuestos destinados a fiscalización, en diversas regiones del país se registran interrupciones recurrentes en servicios básicos como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, lo que afecta la continuidad, la calidad y la seguridad del suministro.

Ugarte Mamani manifestó que la ampliación del plazo permitirá completar acciones entre ellas: la revisión integral de expedientes de contratación vinculados a programas sociales y organismos supervisores, el análisis de documentación complementaria de las entidades involucradas, la recepción de descargos formales de funcionarios investigados, garantizando el derecho de defensa y la determinación preliminar de responsabilidades administrativas y funcionales.

La congresista subrayó que la responsabilidad de la comisión es esclarecer el uso de los recursos públicos y garantizar que los programas sociales y servicios esenciales funcionen con transparencia y eficiencia.

“No estamos ante hechos aislados, sino ante patrones que comprometen la salud pública y la calidad de los servicios básicos en el país”, enfatizó.

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