La Comisión de Inclusión Social aprobó, con voto unánime, el dictamen del PL 5286/2020-CR y del PL 5962/2020-CR que proponen modificar la Ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, para ampliar la compra directa de productos o bienes locales considerando los enfoques de interculturalidad e inclusión social.

El objetivo de la ley es incorporar, en la adquisición directa para los programas sociales de apoyo y seguridad alimentaria, creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado en todos sus niveles de gobierno, la adquisición obligatoria de productos hidrobiológicos en estado fresco o en conservas, seco-salados o salpresas, Así mismo se busca que sean preferentemente papa, yuca, quinua, plátano, cacao, legumbres y sus derivados respectivos de las regiones o localidades donde exista la producción, considerando el enfoque de interculturalidad y de inclusión social. Para el caso del cacao o sus derivados se exigirá una pureza no menor al 80 %.

Para compras en situación de emergencia, los programas sociales de apoyo y seguridad alimentaria podrán adquirir en forma directa a los campesinos, nativos, productores individuales u organizados, pescadores artesanales, productores acuícolas y microempresas agroindustriales de la región los productos locales o regionales y otros productos alimenticios nacionales indispensables para cumplir con la asistencia alimentaria.

Amplían criterios de asignación de bienes administrados por PRONABI

Por unanimidad, se aprobó el dictamen del PL 3838/2018-CR, que propone establecer criterios de priorización en la asignación de bienes incautados y administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), ampliando estos para favorecer a municipalidades distritales de zonas fronterizas, municipalidades distritales del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y centros poblados en situación de extrema pobreza, conforme la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social.

Al respecto, Mirtha Vásquez Chuquilín (FA), presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, sostuvo que con la norma propuesta se intenta beneficiar a los municipios que menos recursos tienen como una forma concreta de cerrar brechas de pobreza e infraestructura. Dichos bienes deben servir a la sociedad en su conjunto y también beneficiar a sectores como salud y educación.

Reforzarían sistema de calificación y focalización de hogares en pobreza

El legislador Miguel Ángel Vivanco (FP) sustentó su PL 6057/2020-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), y se crea el Comité Verificador y establece mecanismos de verificación de la información para la clasificación socioeconómica de hogares que efectúa el SISFOH.
Vivanco Reyes sostuvo que el proyecto intenta reparar la situación de la deficiente entrega de bonos durante la emergencia sanitaria, pues no se apoyó con una adecuada información y no hubo un mapa de pobreza realizado sobre la situación de los hogares que viven en pobreza y pobreza extrema.

“Dejar en manos de una sola persona o funcionaria de un municipio la clasificación de los hogares que requieren apoyos sociales ha sido la partida de inicio para que los bonos de ayuda social terminen en manos de personas y hogares que no los necesitan. Hoy trabajará un comité verificador para la adecuada calificación de los hogares en verdadera pobreza”, sostuvo.

PRENSA-CONGRESO