El Pleno del Congreso aprobó, luego de una hora y 40 minutos de debate, prorrogar por dos años más la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas.

            Por votación, rechazó la única disposición complementaria y final que disponía que las universidades con licencia institucional otorgada por la Sunedu, podían solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, decisión que algunos congresistas consideraron como una contradicción.

            El proyecto en mención inició la sesión del jueves 5, a las 10 am, con la conducción del titular del Parlamento, Luis Galarreta. La presidencia de la comisión de Educación presentó un texto sustitutorio a las 10:16 de la mañana, de un artículo único y una disposición complementaria.

            Luego de la sustentación de la iniciativa por la presidenta de la comisión de Educación, Paloma Noceda, el congresista Marco Arana dijo que esta ley debió haberse aprobado meses atrás y observó que el nuevo texto estaba dejando “la puerta abierta” para crear más universidades y generar lucro a las instituciones privadas. Propuso que la moratoria sea absoluta y sin excepciones.

            El congresista del Frente Amplio aprovechó la oportunidad para recordar el “autogolpe” del 5 de abril de 1992, fecha en la que también se instauró, dijo, una mafia política que hasta hoy se sigue alimentando y que divide al país.

            De igual forma, Carlos Tubino expresó que se trataba de un hecho que jamás debe repetirse, pero habría que ver el momento que se vivía en el país; y Alberto Quintanilla opinó que al gobierno de ese entonces “se le dio todo” y que se utilizó el pretexto de la presencia del terrorismo para dar paso a una persecución política y a uno de los gobiernos más corruptos de la República.

            Al retomarse el tema central, el congresista Javier Velásquez Quesquén dijo que el texto de la disposición complementaria no había pasado por la comisión de Educación y pidió un cuarto intermedio para ponerse de acuerdo en el texto de una ley “muy sensible”.

            Marisa Glave, a su turno, dijo que desde que se suspendió la moratoria, hay 34 pedidos de creación de nuevas universidades y que es urgente aprobar hoy la moratoria, posición que fue compartida por el congresista Alberto De Belaunde.

            Por su parte, Vicente Zeballos se preguntó que no había razón para objetar el texto. A continuación intervinieron las congresistas Tamar Arimborgo y Lourdes Alcorta (pidió que no se abra una universidad más y que hay que ser más drásticos en las decisiones).

            Posteriormente, entre otros, los congresistas Lucio Ávila (dijo que la disposición complementaria tenía “nombre propio” y que se debería prohibir la creación de filiales); Carlos Domínguez: afirmó que se estaba trabajando para las “grandes universidades” y propuso que se elimine la DCF; Gloria Montenegro y Alejandra Aramayo.

            También hablaron los congresistas Jorge Del Castillo, quien propuso que se elimine la DCF y quede un artículo único porque había una contradicción en el proyecto. Edgar Ochoa propuso que se votase por separado, posición en la que estuvo de acuerdo Tania Pariona, pero que la moratoria sea de cinco años. María Elena Foronda dijo que dos años eran muy poco tiempo para que las universidades del país cumplan con 51 indicadores básicos para mejorar la calidad; y Rolando Reátegui dijo que con la ley se estaba incentivando el mercantilismo.

            Finalmente, la presidenta de la comisión, Paloma Noceda, aceptó que se votase por separado. El artículo único se aprobó con 109 votos. Hubo tres abstenciones y ninguno en contra; y la disposición complementaria final fue rechazada con 83 votos.

PRENSA CONGRESO