Con la finalidad de impulsar los procesos productivos de los pequeños agricultores con el financiamiento de capital de trabajo y asistencia técnica que les permita afrontar la campaña agrícola 2020-2022, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera debatió el dictamen de varios proyectos que proponen la Ley de reactivación del sector agropecuario, priorizando la pequeña agricultura y agricultura familiar, así como el fortalecimiento del Banco Agropecuario- AGROBANCO.

“Nuestros hermanos agricultores encontrarán hoy la reivindicación de tantos años de olvido, de las miles de familias que viven de sus cultivos y no reciben apoyo y que queden a merced del mercado de acopiadores que pagan con centavos las horas de trabajo de los que producen los alimentos que sostienen los mercados a nivel nacional”

Así lo señaló el congresista Anthony Novoa Cruzado, presidente de dicha comisión dictaminadora en la sesión virtual que realizó el miércoles 12.

El legislador dijo que la propuesta normativa plantea que se faculte al Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destinar los saldos de su pliego presupuestal del 2020 en las partidas del grupo genérico que forman el gasto corriente a fin de que sean incorporadas al banco agropecuario, para lo cual FONAFE adoptará los acuerdos y acciones necesarias conforme al marco legal.

Señaló que se plantea que se faculte al MEF -a través del de FONAFE- transferir al Agrobanco 400 millones de soles como contraprestación a la citada transferencia. “Agrobanco transfiere a FONAFE una cartera de créditos por un valor nominal equivalente a dicha transferencia para el reimpulso de los microcréditos que permita la mitigación de la perdida productiva de los pequeños agricultores nacionales”, agregó.

Indicó también que se propone declarar de interés nacional la ampliación de seguro catastrófico priorizando al pequeño productor agrario y la agricultura familiar, así como la ampliación de la cobertura en las regiones que no cuentan con este beneficio.

Dos proyectos similares fueron sustentados por los congresistas Luis Roel Alva (AP) y Anthony Novoa (AP). El primero dio detalles del PL 5606/2020-CR que declara en situación de emergencia nacional la agricultura familiar, mediante la implementación de un programa de financiamiento especial para la Reactivación de la Agricultura Familiar; en tanto que, el segundo hizo lo propio al sustentar el proyecto de ley 5947/2020-CR de fortalecimiento financiero del banco Agropecuario- Agrobanco, para ampliar el apoyo al pequeño agricultor y a la agricultura familiar.

El predictamen será enriquecido con los aportes de los legisladores y puesto a consideración en un aproxima sesión.

PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

La comisión acordó conformar un grupo de trabajo que se encargará de solicitar y analizar información en torno al programa “Reactiva Perú”, sin descartar – si fuese necesario y con los fundamentos técnicos- plantear una moción mediante la cual la Comisión de Economía solicite al Pleno del Congreso le otorgue facultades de comisión investigadora para indagar todo lo concerniente a dicho programa creado para dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-19.

El acuerdo fue tomado a iniciativa del congresista Jim Mamani Barriga (UPP), quien en la sesión anterior planteó el pedido sustentado en una serie de cuestionamientos al programa “Reactiva Perú”. En aquella oportunidad el legislador informó que la procuraduría anticorrupción encontró a 24 empresas comprendidas en casos de corrupción que recibieron préstamo de “Reactiva Perú” otorgados hasta el 29 de mayo, es decir, 18 días después de prohibir la entrega de créditos a compañías vinculadas a irregularidades.

GRUPOS DE TRABAJO

En la sesión también se aprobó -por unanimidad- la conformación de tres grupos de trabajo los cuales son: grupo de trabajo sobre descentralización fiscal y plan nacional de competitividad, grupo de trabajo que hará seguimiento a las políticas públicas de reactivación y acceso, y problemática de las mypes, y el grupo de trabajo para analizar la política pública del programa “Arranca Perú”. Quedó pendiente para la próxima sesión la designación de los congresistas coordinadores.

SISTEMA FINANCIERO

En otro momento, la congresista Tania Rodas Malca (APP) sustentó el PL 5481/2020-CR, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, que deja sin efecto el deterioro de la calificación crediticia de los clientes del sistema financiero por motivos de la emergencia nacional por el covid-19.

Respecto del deterioro de la calificación crediticia, la iniciativa legislativa propone que por el tiempo que dure el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, se autoriza a la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs para que de manera excepcional dicte las normas para que entidades financieras dejen sin efecto el deterioro de la calificación crediticia de sus clientes que presenten atrasos o que hayan reprogramado o refinanciado sus obligaciones financieras a consecuencia del covid-19, hasta por 90 días de concluido el estado de emergencia.

ELIMINACIÓN DEL ITF

En la sesión fue sustentado el PL 5626/2020-CR, del Grupo Parlamentario Acción Popular, que propone la Ley que elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF, a cargo del congresista Ricardo Burga Chuquipiondo.

“Este impuesto no solamente es un impuesto anticonstitucional, sino que contraviene la ley original de creación que dispuso que sea un año y ya se ha mantenido por 16 años. Fue creado para evitar el lavado de activo. Es un impuesto prácticamente confiscatorio que tiene la Sunat”, dijo el legislador.

INVERSIÓN EN LORETO

También fue sustentado en la sesión el PL 5648/2020-CR, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, que propone la Ley que modifica el alcance y precisa el uso de recursos de la Ley nro. 30987, Ley de promoción de la inversión y el desarrollo del departamento de Loreto, a cargo del congresista Fernando Meléndez Celis.

“La norma impactará positivamente en la legislación nacional, puesto que contribuirá a una focalización eficaz de las inversiones que redundará en el cierre de las brechas de infraestructura de transporte, energética, turística de desarrollo productivo, saneamiento básico y servicios ecosistémicos en el departamento de Loreto”, dijo el congresista.

Agregó que también permitirá definir con una mayor precisión normativa los compromisos del gobierno nacional, gobierno regional y municipalidades a favor del desarrollo de Loreto para fomentar su competitividad territorial, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

DEUDA SOCIAL MAGISTERIAL

Así también el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP) se encargó de sustentar el PL 5748/2020-CR para el pago de la deuda social magisterial por bonificación especial mensual, por preparación de clases y bonificación adicional por el desempeño del cargo sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada.

“La presente ley tiene por objeto establecer que los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local o las que hagan sus veces, no solicitarán el requerimiento de las sentencias judiciales y menos en calidad de cosa juzgada para proceder con el pago por preparación de clases y el desempeño del cargo”, dijo el legislador.

PRENSA-CONGRESO