Durante el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo Afroperuana que preside la legisladora Martha Moyano (FP), se dieron a conocer las conclusiones del V Congreso Nacional Afroperuano realizado el 1, 2 y 3 de diciembre pasado en Chaclacayo, Lima.

En la ‘Declaración de Chaclacayo’ se afirma que a pesar de la presencia de afrodescendientes en el Perú por casi 500 años, desde el proceso colonial, republicano y contemporáneo y la existencia de información con relación al proceso histórico de su participación en el desarrollo del país, no se han abordado de manera frontal sus reales necesidades.

“Declaramos que, encontrándonos en un periodo de transiciones a nivel global donde existe también el conocimiento de las necesidades en salud, educación, vivienda, justicia, agricultura, entre otros temas; estas no han sido abordadas desde los actores claves del Estado en concordancia con el mandato establecido en la Resolución de la Organización de Naciones Unidas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015 – 2024), con la prioridad de Justicia, Reconocimiento y Desarrollo y la Declaración del Perdón Histórico hecho por el Estado Peruano en el 2009”, subraya el documento.

En el tema de salud la ‘Declaración de Chaclacayo’ sostiene la necesidad de incidir en lograr la visibilización de la situación de salud entre la población afroperuana; promover la investigación de las diferentes problemáticas que los aqueja y sensibilizar respecto a la salud mental, salud alimenticia en las poblaciones afroperuanas.

Para la comunidad afrodescendiente que se dedica a la agricultura se identifican problemas de precios, costos de producción, insumos y maquinarias y se solicita fondos de inversión a fin de lograr una agricultura sostenible, así como cambio alternativo de los cultivos y acompañamiento tecnológico intercultural.

En la atención de vivienda se propone reducir la brecha del déficit habitacional con la participación en los diferentes programas de vivienda. En el rubro justicia se identifica el racismo como violencia normalizada, con sesgo discriminatorio desde la primera instancia de acceso a la justicia y propone la creación e implementación de Módulos básicos de Justicia en las comunidades de mayor incidencia afroperuana.