La Comisión Especial de Alto Nivel encargada de presentar una propuesta de reforma del Sistema de Justicia recibió, esta tarde, al titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, quien brindó un informe sobre las principales problemáticas del sector y alternativas legislativas como solución.

La sesión, de carácter informativa, fue conducida por su presidenta, la congresista Maricarmen Alva Prieto (No Agrupados), y contó con la presencia de los parlamentarios Roberto Sánchez Palomino (JP-VP) y Luis Aragón Carreño (Acción Popular).

Al respecto, la autoridad de la JNJ señaló que uno de los principales problemas del Sistema de Administración de Justicia es la provisionalidad prolongada, que genera dependencia jerárquica y, sobre todo, vulnerabilidad frente al poder administrativo.

“La provisionalidad en el Poder Judicial asciende a un total del 58.6 %. Hemos superado la mitad de magistrados provisionales. En el Ministerio Público, los puntos porcentuales son mayores con un 68.5%, lo que revela una situación calamitosa”, agregó.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión Especial consultó sobre las plazas que faltarían cubrir para contar con jueces y fiscales titulares a plenitud.

“Cuánto es el tiempo que ha proyectado la Junta Nacional de Justicia para acabar con la provisionalidad endémica en la magistratura”, agregó Alva Prieto.

También expresó que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el procedimiento disciplinario inmediato que creó la JNJ en el año 2020. Ante esta situación, preguntó si se ha previsto alguna alternativa de reforma para evitar que magistrados que han cometido actos ilícitos se aprovechen de la demora del proceso disciplinario para mantenerse en el cargo.

Por su parte, el legislador Luis Aragón indicó que es importante la convocatoria de concursos con el fin de cubrir las plazas existentes para magistrados titulares y eliminar progresivamente la provisionalidad.

OTRAS PROBLEMÁTICAS

Ríos Patio también mencionó que la impredecibilidad e inseguridad jurídica, el retardo procesal crónico, la ausencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos y el bajo nivel de confianza en las instituciones de justicia afectan el sistema.

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