El congresista Miguel Castro Grández, presidente del grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales de la Comisión de Fiscalización y Contraloría,  señaló que en la región Amazonas se han identificado dos obras emblemáticas cuyos desarrollos se encuentran estancados y con serias irregularidades.

            Informó que una es por el agua del río Utcubamba, y la segunda el mejoramiento de la carretera Caclic-Luya-Lamud, que tienen importantes inversiones del Estado.

            “Vamos a seguir investigando. Hoy – miércoles 13- se citó a todos los involucrados, gobernadores y alcaldes y a la Contraloría. En la próxima sesión vamos a finalizar esta investigación”, refirió el legislador de la bancada de Unidos por La República.

            Precisamente, sobre el tema de la carretera Caclic-Luya-Lamud, dijo que es un proyecto de “alta inspiración para todos”, pero se debe llegar a un acuerdo entre las autoridades.

            “Se van a llegar a las conclusiones finales;  si hay responsabilidad penal, actuaremos de inmediato”, sostuvo, tras indicar que van a convocar  al viceministro de Economía y Finanzas para una reunión de trabajo.

            Por su lado, el parlamentario Juan Carlo Yuyes Meza (FP), afirmó que es un tema que políticamente se va a resolver, pero el gobierno regional de Amazonas no podrá hacerlo solo.

            “Tenemos que tener claras las cosas. Se podrá modificar con el 12% que le corresponde al Perú (el 82% es financiado por el gobierno de Japón), pero se tiene que consensuar con el gobierno japonés. La población quiere que se termine la carretera”, enfatizó.

            Marco Miyahsiro Arashiro (FP), comentó que “aquí estoy escuchando a todos los invitados, pero me parece oir al gran bonetón. Y no hay solución ni nada en concreto”.

            Como expositores estuvo el gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe. Sostuvo que han solicitado el apoyo del MEF para ampliar los plazos.

            Informó que cuentan ya con la liquidación de obras para determinar cómo se ejecuta. “Vamos a lanzar una licitación pública. Es un programa conformado por 14 proyectos. No hay arbitraje, no hay ningún documento de por medio”, añadió.

            A su turno, Rosario Andrade, representante del MEF, dijo que hay una propuesta de contrato de 37 millones de dólares con el gobierno de Japón. “Afecta y atrae costos financieros todo el programa. Si hay un yen de la corporación japonesa que se use, tiene que tener la normativa del caso”, precisó.

            Por su lado, Roy Salazar Cavero, en representación de la Contraloría General de la República, anunció que a partir del mes de abril se hará una auditoría para, a ciencia cierta,  saber qué es lo realmente sucedió. “Se han detectado deficiencias en el expediente técnico. Se ha pagado por tres obras, pero dos de ellas ni siquiera se inician.  Se va  a determinar al final sanciones muy graves”, agregó.

PLANTA DE TRATAMIENTO     

            En relación con la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Bagua Grande, Miguel Castro  expresó que es un tema que se está buscando solucionarlo desde hace varios años.

            “No buscamos responsables, sino una solución. Nadie puede ser ajeno a la realidad de Bagua Grande que necesita agua. Voy a reunirme con el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, para ver si el proyecto es viable”, afirmó.

            Marco Miyashiro opinó que teniendo el río Marañón existe la paradoja de la vida: cuentan problemas con el sistema de agua potable.

            A su turno, Juan Carlo Yuyes, manifestó que en su región  Tumbes, el distrito de Aguas Verdes va a cumplir TRES años sin agua potable. “Los pozos se caen porque no realizan un adecuado estudio técnico. No se pueden hacer las cosas por hacer. El perjudicado es el pueblo”, remarcó.

            Roy James Salazar, representante de Contraloría, sostuvo que desde el 2014 nunca se han tomado medidas contra los responsables. “No se sancionó a nadie por esas malas acciones. Solo se sancionaron a los que no sancionaron”, acotó.

            Finalmente, Norbeth Bustamante Mondragón, del Ministerio de Vivienda, informó que se transfirieron  27 millones de soles para la ejecución de ese proyecto en el 2007, pero se encuentra la obra paralizada.

            “El Gore Amazonas ha realizado cinco intervenciones en el proyecto, desde el 2009 al 2016 y no ha logrado las expectativas de la población”, culminó. (JCHOY)

PRENSA CONGRESO